Massa rechazó haber recibido instrucciones para beneficiar a Báez: "Lo hubiese denunciado"

El testimonio fue pedido por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque Massa fue jefe de Gabinete en su Gobierno, y será por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, según informaron fuentes judiciales.
Massa

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró este lunes en calidad de testigo en el juicio en el que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de fondos para la obra pública en la provincia de Santa Cruz, dijo que las partidas para estas obras incluidas en el presupuesto nacional fueron aprobadas por el Parlamento y rechazó haber recibido indicaciones sobre cómo asignar estos recursos al afirmar que de haber sido así lo hubiera denunciado.

Massa declaró a través de la plataforma Zoom a pedido de la defensa de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por haber sido jefe de Gabinete en su Gobierno desde mediados de 2008 a mediados de 2009.

Ante una consulta respecto de si recibió una indicación para ampliar partidas o reasignar recursos para beneficiar a alguna empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, indicó: “Si hubiese recibido esta instrucción, lo hubiese denunciado".

La comparecencia duró poco más de dos horas y se basó en una larga explicación por parte del legislador del proceso que va desde que las distintas jurisdicciones solicitan partidas hasta que se incluyen en el presupuesto nacional y luego se ejecutan.

La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a los exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pedido del abogado de la actual Vicepresidenta, Carlos Beraldi.

Al responder distintas preguntas de los abogados defensores de los distintos imputados en la causa -entre ellos Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, además de la Fiscalía- Massa rechazó haber recibido indicaciones de parte de la expresidenta respecto a la inclusión de obras viales en alguna provincia en particular.

Agregó que “el plan de metas físicas (las obras) lo puede proponer el Ejecutivo, pero lo define el Congreso Nacional”.

Asimismo, ante otra consulta, dijo que no le constaba que algún miembro del Ejecutivo haya solicitado que la provincia de Santa Cruz estuviera por fuera del esquema de controles para la ejecución de gastos de obra pública.

Massa explicó en detalle los mecanismos de ampliación y reasignación presupuestaria desde el Ejecutivo a través del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o decisiones administrativas e insistió en que los presupuestos donde constaba la obra pública fueron aprobados en el Parlamento “por el oficialismo y la oposición”.

En otro orden, y al contestar una consulta del fiscal Diego Luciani, explicó que el rol del Presidente de la Nación es “fijar las metas en materia de inversión pública, fija las metas macro del Presupuesto, pero no interviene en lo que denominamos micro”.

Massa indicó que “cada jurisdicción le propone a la Oficina Nacional de Presupuesto” las partidas que necesita, lo que luego se ve plasmado en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Parlamento para su aprobación.

Sobre el rol de la Jefatura de Gabinete, manifestó que “la Jefatura de Gabinete revisa el marco de las metas (del presupuesto nacional) y no la planilla de metas físicas (cada obra en particular). La revisión de la planilla física la hace la Comisión de Presupuesto del Congreso y la Secretaría de Hacienda (del ministerio de Economía), que va asignando el crédito y la cuota a cada jurisdicción en la medida que la propuesta que hizo el Ejecutivo haya sido aprobada por el Congreso”.

El martes pasado declaró el jefe de Estado, quien optó por ir en persona a los tribunales federales de Retiro en una audiencia que duró casi tres horas.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.


En la causa se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública vial a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.

En ese marco se juzga además al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a Báez y al exsecretario de Obra Pública José López, entre otros acusados.

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