Irán a juicio dos hermanos por el homicidio de Miguel Contreras

Al momento de describir el hecho, el fiscal Martín Pezzetta señaló que ocurrió el 19 de mayo de 2017 alrededor de las 9 de la mañana, cuando el acusado se hizo presente en el domicilio de la víctima ubicado en González Larrosa al 1200, portando un arma de fuego. En esas circunstancias increpó a Contreras para que abandonara el domicilio que se encontraba en disputa entre la víctima y la familia del imputado.

Ante la negativa de la víctima, el sujeto le habría efectuado un disparo que impactó en su tórax y le provocó la muerte. El hermano del acusado haría prestado una colaboración necesaria para perpetrar el crimen, puesto a que en su vehículo particular – siguiendo la acusación fiscal – trasladó al principal acusado hasta el lugar y lo ayudó a escapar.

Entre las principales evidencias del caso, el fiscal destacó una pericia que determinó que un revolver calibre 22 secuestrado durante un allanamiento en la vivienda del principal sospechoso, era el arma de la cual había sido disparada el proyectil que ultimó al fallecido.

Además de lo anterior, se suma como prueba de cargo una pericia realizada sobre un rastro de calzado ubicado a escasos centímetros del cuerpo de la víctima, sería coincidente con un par de zapatillas que se secuestraron durante el allanamiento mencionado y que el acusado como autor material tenía puestas al momento del mismo.

Como otras pruebas de menor relevancia, Pezzetta mencionó a una mujer vecina del lugar que observó que dos personas de similares características a los acusados, llegaron a bordo de un auto rojo a la vivienda de calle González Larrosa, en el día y horario en el que se habría suscitado el crimen y el de distintas personas que depondrían respecto de las disputas que la víctima y la familia de los imputados mantendrían en torno a la propiedad de la vivienda.

La defensora oficial, Silvana Ayenao adelantó que su hipótesis del caso se centra en que sus representados no participaron del crimen y es lo que buscará probar durante el debate.

La calificación legal del caso es homicidio calificado pro el uso de arma de fuego y teniendo en cuenta el monto de la pena previsto, el fiscal solicitó la intervención de un Tribunal Colegiado, es decir, integrado por tres jueces profesionales.

El Juez de Juicio, Guillermo Baquero Lazcano convalidó la acusación fiscal y el hecho presentado por lo que dictó el auto de apertura a juicio. Según lo estipulado por el Código de Procedimiento Penal, el debate oral y público deberá ser fijado por la oficina judicial en un plazo no menor a diez días y no mayor a tres meses.