Subsidios

Superó las 174 mil solicitudes, el nivel más alto en diez años. La recesión y el ajuste impactaron sobre los puestos de trabajo.

Para evitar que el costo del boleto recaiga completamente en los usuarios, el Gobierno Provincial duplicó los subsidios destinados a las empresas concesionarias de líneas provinciales, priorizando aquellas con un fin social.

Los servicios de luz y gas seguirán teniendo la cobertura actual de subsidios hasta abril.

Eliminará el esquema de segmentación de tarifas en electricidad y gas.

El próximo 5 de agosto vence el plazo para que las y los usuarios de electricidad y gas de Río Negro se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Esta inscripción es crucial para mantener los subsidios y así evitar incrementos significativos en las tarifas, a partir del costo creciente de la energía por disposición del Gobierno Nacional.

El Estado actualmente cubre el 60% del costo del agua, el gas, la luz y el transporte

El impacto del aumento nacional en el costo de la energía es significativo, llegando en algunos casos hasta un 500%. Esto se debe a decisiones del Gobierno Nacional y factores como la quita de subsidios, la devaluación y la inflación.

Desde Energía adelantaron que durante esta semana se conocerán los nuevos valores. Las empresas pidieron subas mayores al 500%.

El Gobierno busca reducir al mínimo los fondos destinados a auxiliar a los hogares en el pago de tarifas cada vez más caras.

En la última audiencia pública, el Ejecutivo anticipó que la asistencia estatal solo estará dirigida a los sectores vulnerables.

El Gobierno de Río Negro busca frenar el incremento exponencial del precio del transporte. Se duplicarán los subsidios que se le otorgan a las empresas concesionarias de líneas provinciales, priorizando aquellas que tienen un fin netamente social.

Mediante audiencia pública, la Secretaría de Energía tratará un nuevo mecanismo de distribución del beneficio, el cual propone excluir también a quienes registren consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($45.000). Además, los usuarios deberán declarar una vez al año sus condiciones socioeconómicas.