
El encuentro abarcó sectores estratégicos como energía, industria, bienes raíces, farmacéutica, infraestructura, consumo masivo y servicios financieros.
El Gobierno avanzó con la eliminación de 20 artículos de las Leyes Nros. 24.467 y 25.872.
NacionalesEl Gobierno continúa con la política desreguladora al eliminar una serie de programas destinados a las PYMES, al considerar que eran “distorsivos de los precios”, a través del Decreto 339/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa avanzó con la derogación de programas creados mediante las Leyes Nros. 24.467 y 25.872, explicando que “resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado y atentando contra lo ordenado mediante el Decreto Nº 70/23”.
Con el amparo del citado DNU y las facultades otorgadas en la Ley Bases, el Ejecutivo justificó la medida reafirmando que “deviene necesario avanzar hacia un modelo económico que promueva la desregulación y la eliminación de barreras e incentive el libre mercado”.
Al respecto, el texto oficial expuso que “en el contexto actual, en el que las políticas del Gobierno Nacional se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”.
De esta manera, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dejaron sin efecto los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 105 de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias y los artículos 1º al 9º y 12 al 14 de la Ley N° 25.872.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, valoró en su cuenta de X la decisión asegurando que los programas “eran ineficientes, discrecionales y estériles”, representando “un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”.
En este sentido, reveló que “entre estos programas había agencias que nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto”.
Al respecto, puntualizó que “un caso ilustrativo es el Programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 PyMES”.
En referencia al citado ejemplo, sostuvo que se trataba de “un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder, y seguramente de CABA (porque la regulación también es eminentemente antifederal)”.
El funcionario libertario remarcó que “una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”.
Programas cancelados
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