Mientras el IPC estimado a noviembre de 2024 se ubica en el 113%, los salarios de los trabadores nucleados en las leyes 1844, 1904 y médicos, tuvieron un aumento promedio del 194%.
El Gobierno rionegrino presentó el presupuesto para 2024 y una declaración de emergencia económica
Se trató este martes comisiones el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, para el 2024. El proyecto obtuvo el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro, el Frente Renovador y el Frente Grande, los demás bloques se tomaron 48 horas para definir su posición. También fue tratado el proyecto para declarar el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial.
Regionales06/12/2023El Gobierno rionegrino presentó este martes el proyecto de presupuesto 2024 que contempla gastos por casi un billón 150 mil pesos, además el proyecto para declarar el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial.
Cabe señalar que en 2023, el gasto presupuestario ascendía a los 476 mil millones.
El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques de Juntos Somos Río Negro, el Frente Renovador y el Frente Grande, los demás bloques se tomaron 48 horas para definir su posición.
El ministro de Economía de Río Negro, Luis Vaisberg, junto a un equipo técnico de la cartera, fue el encargado de presentar ambas iniciativas.
"De acuerdo a proyecciones e información recopilada se trata de un Presupuesto para un cuatrimestre, elaborado en un contexto político y económico difícil", explicó.
Según el titular de la cartera económica rionegrina el cálculo de los ingresos corrientes para el 2024 "asciende a $1.020.843 millones, representando un incremento del 96,41% respecto de la recaudación estimada al cierre del 2023".
"Para el ejercicio 2024 prevé un resultado primario positivo de $69.547 millones", aseguró.
Los gastos corrientes presupuestados para el ejercicio 2024 ascienden a $972.336 millones, lo cual representa un crecimiento nominal del 86,49% respecto al cierre proyectado para el 2023. El crecimiento del gasto corriente muestra un porcentaje mayor al IPC definido el marco macro fiscal de la Administración Nacional 2024, y esta diferencia puede verse explicada, principalmente, por el aumento intra anual del concepto Rentas de la Propiedad.
La partida de personal es la de mayor participación en los gastos corrientes, explicando el 62,51% del mismo, mientras que el concepto rentas de la propiedad compone el 7,5%.
El gasto en el rubro transferencias corrientes tiene una participación relativa del 22,32% en el gasto corriente y se prevé un aumento de las mismas en un 106,03% respecto al cierre proyectado 2023.
Entre los principales conceptos del mencionado rubro se destacan las transferencias por coparticipación a Municipios y Comunas, con un incremento del 134,55% respecto del cierre 2023, en concordancia con el crecimiento en los recursos tributarios coparticipables y la actualización de los distintos convenios celebrados con Municipios.
Por su parte, para las erogaciones en bienes y servicios se prevé un incremento del 102,99% y del 82,91%, respectivamente, respecto del cierre 2023. La participación relativa del gasto en bienes y servicios en el gasto corriente del presupuesto 2024 es del 3,28% y 4,19%, respectivamente.
El gasto de capital previsto en el presupuesto 2024 representa erogaciones por $75.540 millones, lo que representa un incremento del 240,21% respecto al cierre proyectado para 2023. Esta dinámica esperada se explica principalmente por el plan de obras públicas de la administración pública provincial, la cual destina un presupuesto en inversión real directa por un monto de $71.816 millones, informó el gobierno rionegrino.
Vaisberg también explicó los alcances del proyecto para declarar el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial.
Esta iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a refinanciar los pasivos financieros contraídos por la provincia de Río Negro con entidades financieras, bancarias, el Estado Nacional, proveedores, contratistas y los contraídos mediante la emisión de certificados de deuda pública.
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