Avalaron el proyecto que busca declarar la emergencia sanitaria en Río Negro

La iniciativa para declarar la emergencia sanitaria, que  llegó a la Legislatura con acuerdo general de ministros, propone que se extienda por un año, lapso que podría prorrogarse en caso de persistir la situación epidemiológica generada por el COVID-19.

En esta oportunidad, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Iberó, fue la encargada de informar sobre el proyecto. La profesional explicó que la lucha contra la pandemia requiere reequipar las terapias intensivas de todos los hospitales, con aparatos como monitores y respiradores, lo cual genera decisiones y gastos que exigen celeridad.

El proyecto también indica que quien esté a cargo del Poder Ejecutivo será la única autoridad que brindará instrucciones a funcionarios públicos, a ciudadanos de la provincia y a eventuales visitantes, con el fin de conservar la seguridad y el orden en el marco de la emergencia que busca declarar.

En tanto, la norma faculta al Ministerio de Salud como autoridad en materia sanitaria, por lo cual podrá disponer recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica; realizar campañas educativas y difusión; coordinar la distribución de los productos y elementos de uso médico; coordinar la aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección en reparticiones del gobierno, lugares privados, medios de transportes y cualquier ámbito con acceso público o aglomeración de personas; y adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria para mitigar los efectos de la pandemia.

Asimismo, la iniciativa faculta a los ministerios que conforman el Comité de Crisis a implementar los mecanismos más eficaces para realizar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia. A tales fines podrán readecuar, reasignar o reestructurar las partidas presupuestarias necesarias.

Además, la iniciativa establece que el Ministerio de Salud debe brindar información permanente y actualizada sobre las zonas afectadas y la situación epidemiológica local, debiendo guardar confidencialidad acerca de la identidad de las personas afectadas.

En tanto, encarga al Ministerio de  Educación y Derechos Humanos coordinar con Nación las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos públicos y privados de todos los niveles durante la emergencia.