Justicia

Esos servicios de salud fueron los que más subieron en el 2024 y perjudicaron a millones de personas.

La secretaria general es señalada como el vértice superior de un sistema recaudatorio que ofrece reuniones con su hermano y servicios de "endorsement".

La fiscalía que investiga la muerte del funcionario judicial ratificó que se trató de un homicidio vinculado a la investigación del atentado a la AMIA y la denuncia por el Memorándum con Irán.

Así lo determinó la Justicia, luego de un juicio de filiación pedido por la joven damnificada.

Con esta medida, quedó sin efecto la reforma de estatutos que exigió el Estado nacional a los clubes.

Sus abogados habían pedido ese beneficio para que esperara la sentencia firme fuera de prisión.

En la demanda, el gobernador Ignacio Torres reclamó hacer cesar "la retención automática de fondos coparticipables" que "son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos", según el texto al que tuvo acceso Télam.

A la actriz y conductora se le atribuía la evasión de 50.377.401,90 pesos en concepto de Bienes Personales, según la denuncia de la AFIP, querellante en la causa.

La sentencia del juez Arthur Engoron también lo inhabilitó para dirigir negocios en ese distrito durante tres años, con el argumento de que la decisión "protege la integridad del mercado financiero y al público en su conjunto."

Según estiman, el fuego se inició por un fogón mal apagado en una zona restringida a la que sólo puede accederse con embarcaciones desde el lago.

Además, el ministro de Justicia reconoció que están en sus planes crear una fiscalía especial dedicada a la corrupción. "Es un tema prioritario. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie; los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea" de investigar, indicó Cúneo Libarona

La decisión de la magistrada, en el marco del juicio por la nacionalización de YPF de 2012, constituye un duro golpe para la Argentina, que apeló la sentencia dictada en noviembre último, por la que el país fue condenado a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares.