Funcionarios destacan la regulación estatal sobre armas, mientras la oposición critica a Bullrich

Funcionarios nacionales y dirigentes políticos y sindicales de la oposición se sumaron hoy a la polémica desatada por las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había manifestado "el que quiera andar armado, que ande armado", al responder a una pregunta de un medio local, a la salida de una cena en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

La funcionaria también amplió sus palabras ayer, en radio Mitre, donde recordó que la portación de armas "no está prohibida", y que como responsable del área de Seguridad "no lo recomienda".

Esta visión contó además con el aval del viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, quien interpretó que esas declaraciones fueron "hechas en el marco que establece la ley, bajo la regulación del Estado".

"Esto no quiere decir que cada uno hace lo que quiere y que el Estado cree en la justicia por mano propia. Existe un organismo encargado de los permisos para portar armas y hay por ejemplo, controles psicofísicos y constantes", añadió el funcionario en declaraciones radiales.

Según García de Luca, el sistema tiene una "reglamentación muy estricta" y "nadie está más pendiente" que el gobierno nacional sobre estos temas, a fin de "tener más seguridad en la calle".

Distinta fue la visión del diputado nacional Felipe Solá, quien indicó en declaraciones radiales esta mañana que "las palabras de Patricia Bullrich son muy graves, son una falta de responsabilidad y al mismo tiempo creo que las palabras pueden matar".

En igual sentido, se manifestó el ex canciller Jorge Taiana, quien tuiteó que Bullrich "deberá dar explicaciones sobre la peligrosa e inadmisible doctrina del "que quiera andar armado, ande armado", tras calificar sus declaraciones como "irresponsables y contrarias a la ley".

Desde el sindicalismo, Hugo Yasky (CTA) interpretó que "es un peligro que la ministra de Seguridad desconozca de esta manera las leyes".