Según indicó la fiscal del caso la imputada, María Laura Illesca, aprovechando el cargo que ocupaba y el conocimiento técnico que tenía por una larga trayectoria como empleada administrativa de la Municipalidad primero y como tesorera comunal después, realizaba transferencia de cuentas municipales a otra de la cual era cotitular.
Locales08/11/2023
La fiscalía y la querella que representa al Municipio acusaron a la ex tesorera municipal por la sustracción de fondos municipales hacia cuentas bancarias personales simulando el pago de comisiones bancarias. Además se le prohibió que pueda salir del país mientras avance la investigación.
Según indicó la fiscal del caso la imputada, María Laura Illesca, aprovechando el cargo que ocupaba y el conocimiento técnico que tenía por una larga trayectoria como empleada administrativa de la Municipalidad primero y como tesorera comunal después, realizaba transferencia de cuentas municipales a otra de la cual era cotitular.
Por ese motivo la acusación se dividió en dos hechos y períodos temporales distintos en razón de sus cargos: del 01/05/21 al 31/10/22 como empleada municipal y del 01/11/22 al 31/05/23 como tesorera.
En total se trataría de 33 operaciones que no contaban con la documentación de las órdenes de pago respaldatorias. Las mismas eran creadas desde el sistema informático del municipio y desde el usuario de la imputada.
En cuanto a la simulación la fiscalía explicó que se trataba de transferencias que se registraban como comisiones bancarias y que realizaban el circuito dentro del municipio para asentarlos de esa forma en los registros contables.
La querella particular destacó que si bien los montos eran menores comparados con las comisiones bancarias que se pagaban por mes, se pudo detectar la maniobra a partir de los controles internos del flujo de dinero que realiza el municipio. En este punto señaló que las comisiones bancarias no se abonan por transferencias - como sería la modalidad de la salida de dinero investigada - sino por débitos automáticos. Además remarcó que se ejecutan simultáneamente al momento en que se realizan las transferencias.
El importe actualizado a la fecha por el cual la imputada habría defraudado a la administración pública actualizado a fines de agosto sería superior a los once millones de pesos.
La calificación legal del caso es defraudación en perjuicio de la administración publica y peculado.
La fiscalía y la querella además requirieron que se prohíba la salida del país de Illesca.
La jueza de garantías que intervino en la audiencia tuvo por formulados los cargos e hizo lugar a la medida cautelar. En consecuencia ordenó notificar a Migraciones del impedimento judicial dispuesto en el día de la fecha.
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