Se trata de viviendas que se han podido recuperar o regularizar su situación ocupacional, ya que no eran ocupadas por sus adjudicatarios originales o se encontraban en situaciones irregulares por distintos motivos.

Estos procedimientos son posibles aplicando las Normativas Vigentes del IPPV, que establecen todos los criterios y mecanismos de adjudicación, readjudicación o desadjudicación de las unidades habitacionales.

Algunas de las cláusulas estipuladas en el acta de adjudicación, establecen que las viviendas no se pueden alquilar, vender o ceder a otras personas, hasta tanto el adjudicatario original no termine de amortizarla y escriturarla.

En la provincia, hay un total de alrededor de 44.000 viviendas construidas con fondos públicos, de las cuales la mitad ya han sido canceladas y escrituradas, es decir que sus dueños ya cuentan con el título de propiedad de su casa. Respecto de aquellas que todavía están en proceso de pago, el Instituto se encuentra abocado al proceso de recupero de deudas y los números del último año son alentadores, ya que han sido muchas las personas que accedieron a las moratorias lanzadas oportunamente.

La interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos, expresó que “una vivienda construida con fondos públicos, se entrega para que sea habitada por el grupo familiar que la solicito, las mismas tienen un fin social, no son para vender, alquilar o comprar. Pero, muchas veces, esas situaciones suceden de igual modo, pero esos procedimientos terminan siendo irregulares y entonces, ante una situación así, el organismo tiene la facultad de intervenir y lo hace”.

“Hemos realizado, en el último año, la regularización de alrededor de 600 unidades habitacionales, es decir se analiza cada caso en particular e intervenimos en cada situación en que detectamos una irregularidad”, agregó.

En muchas situaciones se contempla la posibilidad de que la vivienda sea readjudicada a sus actuales ocupantes, siempre y cuando reúnan los requisitos de adjudicación estipulados por la Ley FONAVI.

La interventora explicó que “hay viviendas que fueron entregadas a distintas instituciones u otros organismos, que con el tiempo han sido deshabitadas y caen en estado de abandono. Hemos logrado recuperarlas, algunas se han reparado y se ha procedido a su readjudicación”.

“Es una posibilidad de readjudicar las viviendas para atender casos necesarios. Adjudicarlas por ejemplo en aquellos casos que nos han requerido casas para atender situaciones urgentes ante situaciones de vulnerabilidad o discapacidad”, indicó.

De este modo, el Instituto trabaja de manera coordinada con todas sus Delegaciones para realizar los relevamientos territoriales que permiten analizar cada situación en particular, respecto del posible uso irregular de las viviendas.

Esto, traducido en números, indica que en la actualidad tenemos en evaluación la cantidad de 2.741 carpetas. Este número incluye los casos en que por la morosidad del adjudicatario tuvo que intervenir la Fiscalía de Estado, las casas que no están ocupadas y las que en algún momento fueron adjudicadas a distintos organismos del Estado, entre otros.