El bloque radical de Diputados decidió presentar pedido de juicio político al Presidente

El bloque radical de la Cámara de Diputados presentó finalmente un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusa de "mal desempeño y eventual comisión de delito", por considerar que "desobedeció el fallo de la Corte Suprema" con "un ardid malicioso al querer pagar la coparticipación porteña con bonos".

Los radicales habían resuelto hacer esta presentación en el fin de semana pero ayer la suspendieron ya que el jefe de Estado anunció que iba a cumplir el fallo pagando con bonos 2031.

Hoy, finalmente, los radicales de la Cámara de Diputados resolvieron impulsar la iniciativa, que se descuenta que no avanzará porque el oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político.

Fuentes de esa bancada dijeron que tras realizar "consultas a constitucionalistas y a especialistas en coparticipación se llegó a la conclusión que el intento de pagar con bonos es igualmente un incumplimiento de la sentencia"

Fernández señaló ayer en un comunicado que ordenó reasignar los "únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se "se utilizarán bonos TX31".

La Corte Suprema de Justicia dispuso el miércoles pasado que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje.

De esta manera, los diputados de la UCR se sumaron a los pedidos de juicio político que ayer presentó el Pro y el referente de la bancada de derecha Avanza la Libertad, José Luis Espert.

La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada, Mario Negri, y sus pares Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Gustavo Bohuid, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Jorge Vara y Pamela Verasay.

En los fundamentos, los legisladores de la UCR afirmaron que la "decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal"

"Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas", agregó la bancada de la UCR.

Por su parte, el bloque de diputados del Pro presentó un proyecto para crear una comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el Gobierno Nacional desde que asumió el presidente Fernández, tras el diferendo por los fondos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue redactada por el jefe de la bancada Cristian Ritondo y los legisladores de ese bloque Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.

Uno de los objetivos de la Comisión es "determinar si durante el período bajo análisis el Gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos".

El Pro propone que esa Comisión investigadora se integre 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo "con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías"

Asimismo, señala que "el presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República". (Télam)