Esta es la camioneta que habría comprado Gloria Ruiz con fondos públicos

La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, enfrenta una investigación por presunto fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, lo que llevó a su separación del cargo. La Fiscalía de Delitos Económicos profundizó las pesquisas esta semana con dos allanamientos en registros automotores de Plottier, en busca de pruebas sobre la compra de una camioneta Toyota SW4, presuntamente adquirida con fondos públicos.

El vehículo, cuyo valor podría superar los 80 millones de pesos, es el eje central de la causa. La fiscalía, encabezada por Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, aseguró que las acciones judiciales apuntan a determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la camioneta durante el transcurso de este año.

Los allanamientos se realizaron en los Registros de la Propiedad Automotor Nº1 y Nº2 de Plottier, con la colaboración de la Policía provincial. “La información secuestrada será analizada para definir los próximos pasos,” explicó Vignaroli, quien agregó que la investigación podría ampliarse dependiendo de los datos obtenidos.

La camioneta Toyota SW4 es un modelo de alta gama, cuyo costo ronda los 80 millones de pesos, pero puede superar esa cifra según la versión y los accesorios. Este dato incrementa las sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para su compra, dado el contexto económico actual.

Ruiz deberá designar un nuevo abogado defensor tras la inesperada renuncia de Francisco Oneto, quien abandonó su representación legal en menos de 24 horas después de asumir el caso. Al momento, se desconoce quién asumirá su defensa en esta delicada causa.

Según la fiscalía, Ruiz también deberá presentar un descargo formal en el que explique cómo y con qué recursos adquirió el vehículo. Esta medida busca esclarecer si hubo malversación de fondos públicos o algún tipo de irregularidad financiera.

Los procedimientos en los registros automotores apuntaron no solo a la vicegobernadora, sino también a su entorno familiar, para identificar posibles vínculos o transacciones relacionadas con la camioneta. “La ampliación de la investigación incluye tanto el análisis de bienes registrados a su nombre como a los de allegados,” detallaron fuentes judiciales.

La causa, que ya incluía sospechas de peculado, se amplió al delito de enriquecimiento ilícito, tras detectarse inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Ruiz. Este tipo de delito se castiga con severidad en el Código Penal argentino, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos.

El caso también ha generado cuestionamientos en el ámbito político provincial. Mientras algunos dirigentes opositores piden transparencia y avances rápidos en la causa, sectores oficialistas han optado por el silencio. Ruiz, por su parte, aún no ha emitido declaraciones públicas desde el inicio de la investigación.

Este escándalo marca un nuevo capítulo en la gestión provincial, poniendo en el centro del debate la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos. “Es fundamental que este caso se resuelva con celeridad y que se garantice la independencia del proceso,” señalaron analistas políticos locales.

Los fiscales Vignaroli y Narváez indicaron que la investigación también se enfocará en las posibles conexiones de Ruiz con proveedores del Estado o empresas vinculadas a la administración pública, para descartar cualquier tipo de retorno ilícito.

En paralelo, se espera que el análisis de la información incautada en los registros automotores aporte claridad sobre la propiedad y los pagos realizados. Las autoridades judiciales podrían citar a nuevos testigos o involucrados en los próximos días.

El futuro de Ruiz como vicegobernadora queda en suspenso hasta que se aclare su situación legal. Mientras tanto, el caso se convierte en un ejemplo más de los desafíos que enfrenta el sistema político para garantizar la transparencia y probidad en la función pública.(NA)