Fiscalía se opuso a probation por hechos cometidos en la Unidad Regional II

En el marco de la audiencia de control de acusación por delitos cometidos en abril pasado en las instalaciones de la Unidad Regional II en Roca, el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido del defensor penal público sobre la posible aplicación de suspensión de juicio a prueba. El juez interviniente resolvió tal lo peticionado por la fiscalía. Por su parte, el defensor pidió un cuarto intermedio y además anunció que presentará un pedido de revisión. 

Hecho y calificación

El hecho por el cual el hombre de 41 años llega hoy a esta instancia es el ocurrido “entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana del 20 de abril, en la Regional II de calle Tucumán. Cuando habrían ingresado de manera intempestiva el imputado, junto a una mujer no identificada aún, y le habría dicho al empleado policial de guardia: “tenés que irte porque voy a tomar la Regional...” que te vayas porque sino va a ser peor para vos.... porque hay gente afuera que viene llegando a la Regional...”, cuestión que le habría causado temor y se fue del lugar”, describió la fiscalía.

“Luego las dos personas habrían comenzado a tapar las puertas con papel de diario, y con las llaves del lugar en su poder, habrían cerrado el portón que da sobre calle Córdoba, turbando la tenencia de la Institución policial, impidiendo de esta manera el ingreso de cualquier persona a la Institución Pública Policial”, explicaron.

Con ese accionar, sostiene la fiscalía, “ambos perturbaron el orden de quienes estaban ejerciendo sus funciones en dicha unidad”.

El Ministerio Público Fiscal detalló que “en el exterior se encontraban treinta personas encapuchadas, que habrían impedido el acceso a la dependencia. Uno de los portones estaba obstaculizado con un vehículo y el otro portón con dos conteiner”.

“Luego, el imputado, mediante un audio que hizo de manera pública, convocó a otras personas para que tomen la Unidad, instigando a cometer delitos contra la Institución, y alterando el orden público”, describió el equipo fiscal.

La calificación legal enunciada por el Ministerio Público Fiscal es la de “coacción, turbación de la tenencia, perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos, todo en concurso real”, según los Artículos 45, 55, 149 bis 2do párr., el 181 inc 3, 209 y el 241 inc 1, última parte. 

Oposición respecto al pedido de aplicación de probation

El defensor penal público que asistió al hombre explicó que “frente a los hechos enunciados, teniendo presente que no superarían los 3 años de prisión, además el señor no tiene antecedentes penales computables, puede acceder a una suspensión de juicio a prueba. Por ello es que hoy presentamos esta propuesta, que consiste en ofrecer una reparación económica, teniendo presente que mi asistido tiene a su cargo dos hijos y no cobra pensión por la institución policial”.

Frente a ello, la fiscal jefa argumentó que la fiscalía se oponía. “Los hechos que hemos enunciado y que sucedieron, causaron gran preocupación en la sociedad, es un hecho que generó alarma social, y es de una grave afectación social. Ha habido una acto disruptivo de la institucionalidad, transgredió la norma y lo hizo en la sede base de la subjefatura de la policía”.

“Agregamos que el imputado fue cesanteado anteriormente por un hecho similar por parte de la institución, es decir recibió una sanción administrativa, y no obstante esa sanción, sin tener límite alguno, coaccionó, turbó e instigó a cometer delitos. Por ello, desde el Ministerio Público Fiscal buscamos que el caso sea llevado a juicio, que lo que allí ocurrió sea ventilado a través de la prueba con la que contamos durante las audiencias de juicio”, agregó la fiscal jefa.

Finalmente, explicitó que “se trata de un comportamiento reiterado que además tiene una causa en trámite en el fuero de la justicia federal. Como titulares de la acción penal pública nos vamos a oponer a la probation”.

El juez interviniente en el control de acusación, instancia en la que se deben plantear estas cuestiones previas al inicio del juicio, expresó que “la cuestión de que haya afectado la paz social, es argumento suficiente para que se le haga lugar a lo oposición de la fiscalía, y se rechaza la suspensión de juicio a prueba pedida por la defensa”.

Finalmente, ante la negativa, el defensor penal público solicitó un cuarto intermedio y que se fije una nueva audiencia para el control de acusación, a los fines de poder asesorar a su asistido respecto de esa instancia judicial y además de plantear la revisión.