La Legislatura rionegrina declaró el estado de emergencia económica, financiera y fiscal

Primero, la Cámara sancionó la ley que declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal del sector público provincial, autorizando al Poder Ejecutivo a implementar las medidas necesarias para la superación del estado de emergencia mencionado.

Ahora, el Ejecutivo se encuentra facultado a renegociar el pago, total o parcial, mediante títulos públicos provinciales, de la deuda que el Estado provincial mantenga con sus proveedores al día 30 de noviembre de 2.019, brindando de este modo la posibilidad de que el mismo Estado provincial vaya cancelando su deuda interna.

La ley autoriza a disponer por razones de emergencia la rescisión, prórroga o renegociación de los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de concesión pública, de consultoría y/o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad al 30 de noviembre de 2.019, incluyendo los cánones establecidos, en los cuales sea parte el Estado Provincial y/o cualquiera de sus entidades.

También faculta al Ejecutivo a disponer la revisión de regímenes de promoción fiscal, fondos con destino específico, regímenes de compensaciones y procedimientos y trámites aplicables a la enajenación de bienes inmuebles de la Provincia que se encuentren en desuso.

El miembro informante del oficialismo, Lucas Pica (JSRN), fundamentó la necesidad de dotar a los gobiernos provinciales de andamiajes jurídicos y político-institucionales necesarios para sostener el Consenso Fiscal solicitado por el Gobierno nacional y que las provincias firmaron.

Aseguró que esta ley tiene el fin de seguir cumpliendo con los servicios de calidad que brinda el Estado provincial rionegrino. “Hemos decidido acompañar el esfuerzo nacional y que cada uno de los que tenemos las responsabilidades más altas en las entidades públicas estemos a la altura de las circunstancias”, señaló.

Agregó que “en una decisión política sin precedentes, procederemos a desgravar la actividad productiva de muchos impuestos provinciales”.

Por el Frente de Todos, Nicolás Rochás, Luis Albrieu, Antonio Chicconi, Marcelo Mango y María Eugenia Martini coincidieron en que declarar la emergencia es confesar el fracaso de las políticas públicas del Gobierno nacional anterior.

Rochás, miembro informante del bloque opositor, consideró que “es tiempo para actuar con responsabilidad” y que esta declaración va a brindar herramientas para actuar en esta coyuntura.

El legislador consideró que la declaración de la emergencia “es la confirmación de que todo aquello que veníamos exponiendo durante cuatro años hoy termina siendo la triste realidad que padecimos, que no estábamos equivocados cuando señalábamos el camino signado por (Mauricio) Macri, esta negra noche neoliberal que dejamos atrás en octubre”.

A continuación, Albrieu, Chicconi y Mango, reforzaron los planteos de Rochás con críticas a los gobiernos de Weretilneck y Macri. Albrieu valoró el coraje, valentía y honestidad para reconocer los problemas por parte del gobierno de Arabela Carreras, al igual que María Eugenia Martini, presidente del bloque del FdT, que celebró el cambio de rumbo de la gobernadora y destacó las prioridades que ha puesto en su gobierno.

Juan Martín, del bloque Juntos por el Cambio, acompañó la iniciativa. Sostuvo que “la emergencia económica es una de las herramientas que permite reorganizar los recursos del Estado”. Dijo que hay que estar “a la altura de las circunstancias y no ser mezquinos”. Consideró que “esta situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias” y pidió “acompañar este esfuerzo de todos”.

Con críticas al “ajuste monstruoso” del Gobierno nacional, aseguró que “el anclaje de la decisión del FdT está puesto en la obediencia debida al presidente Alberto Fernández”.

Por el oficialismo, Carlos Johnston (JSRN) defendió las políticas implementadas por el exgobernador Alberto Weretilneck y remarcó que para salir de esta emergencia se necesita consenso, diálogo y nada de chicanas.

Facundo López, presidente del bloque oficialista, cerró el debate. “Estamos aprobando esta emergencia para que tengamos las mismas herramientas que el Estado nacional, por si es necesario utilizarlas y hacer frente a estas crisis”, explicó.

Aseguró a la oposición que no hay cambio de rumbo del gobierno de Juntos Somos Río Negro, sino la continuidad y la consolidación de las políticas públicas provinciales. Destacó que Río Negro declaró una sola de las nueve emergencias que plantea el Gobierno nacional y defendió las políticas de Weretilneck, argumentó que durante su gobierno se tomó crédito para el Plan Castello, para generar mano de obra, igualdad, gas para la línea sur, rutas para que allá más turismo, hospitales para que haya salud, entre otras medidas.

A continuación fue debatida la ley que ratifica el “Consenso Fiscal 2019”, suscripto el 17 de diciembre entre el Poder Ejecutivo provincial y el nacional.

El acta aprobada establece medidas que modifican compromisos anteriormente asumidos, tanto por parte del Estado Nacional como de las provincias signatarias de los anteriores acuerdos celebrados bajo el nombre de “Consenso Fiscal 2017 y 2018”.

En virtud de la suscripción del Consenso Fiscal 2019, también fue sancionada la norma para modificar la ley impositiva (5402). En cuanto al impuesto sobre los ingresos brutos, se modifican las alícuotas de algunas actividades en virtud de la suspensión del Consenso Fiscal, retrotrayéndolas a las establecidas para el período fiscal 2019, con excepción de aquellas actividades primarias e industriales propias de la provincia. Con respecto al impuesto de sellos, se modifican las alícuotas aplicables a los actos en general, manteniéndose las establecidas para el periodo 2019.

La legisladora Marcela Ávila (Juntos Somos Río Negro), miembro informante de los proyectos, destacó que “la provincia de Río Negro realiza un enorme esfuerzo fiscal para mantener alícuotas y desgravaciones, con el objetivo de apuntalar las economías regionales” y consideró necesario el pleno respaldo a las dos iniciativas oficiales por pare del Parlamento provincial.

En forma previa, durante una extensa fundamentación, Ávila especificó los alcances específicos de las dos propuestas del Poder Ejecutivo.

José Luis Berros (FdT) criticó la defensa que hizo Weretilneck del Pacto Fiscal 2018, al que calificó como un “acuerdo unitario”. Consideró que la exención de ingresos brutos a la fruticultura “es una medida acertada pero insuficiente, y que es imperioso retroceder todos los ingresos brutos al 3 por ciento previo al ruinoso pacto fiscal”. Planteó diferencias entre un proyecto “nacional y popular” y uno “neoliberal”

Marcelo Mango expresó: “Hay que frenar urgentemente la caída de la economía, esta es una de las herramientas para esto, hay que atender las urgencias sociales y laborales, el hambre, y pidió por herramientas sociales para la primera infancia”.

Martini sintetizó el aval de su bloque: “Le adjudicamos a Arabela Carreras las mejores intenciones y por eso la acompañamos pensando en dar los primeros pasos para el bienestar de los rionegrinos y rionegrinas. Coincidió con el diagnóstico del nuevo acuerdo y manifestó que recibió “con alivio este proyecto que por fin admite el escenario de quebranto en el que país se encuentra” y admitió que es “una excelente noticia para Río Negro tomar por el camino inverso” con este proyecto modificatorio del anterior consenso fiscal.

Cerró el debate Facundo López. Ante las críticas formuladas por la oposición por el apoyo del Gobierno de Weretilneck al pacto fiscal anterior, advirtió que aquel acuerdo fue firmado por todos los gobernadores y necesitó del Frente para la Victoria para ser aprobado.

Admitió que lo que se buscó en su momento no resultó y por eso se busca un nuevo acuerdo que permitirá, entre otros beneficios, gravar a cero todas las actividades primarias o agroindustriales, “todas aquellas actividades que nos permitan tener mayor competitividad y poder ver si podemos generar algún tipo de beneficio económico que permita mayor competitividad y rentabilidad”.

Además, el Parlamento sancionó la prórroga de la ley 4395, que estableció la suspensión de los cortes de suministro domiciliario de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, a aquellos usuarios cuya situación de desempleo o condición socio-económica, impida el cumplimiento de sus obligaciones en término.