El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conduce el senador nacional Guillermo Pereyra, decidió este martes el estado de "alerta y movilización permanente" en demanda del "inmediato cese de las erráticas políticas" para el sector, y denunció más de mil suspensiones, riesgo cierto de despidos y bajas de equipos.
El legislador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y dirigente sindical calificó de "terminal" a la actual situación de la actividad y reclamó "urgentes medidas", en tanto el plenario de delegados de la entidad lo facultó para adoptar todas "las decisiones gremiales necesarias" para frenar "esas erróneas políticas".
En un comunicado, Pereyra exigió medidas para reencauzar "de inmediato" el crecimiento de la cuenca y del país y denunció más de mil suspensiones, el riesgo de despidos y bajas de equipos en "la última semana como consecuencia del incumplimiento de todos los acuerdos".
"Aquellos que deben garantizar las condiciones de crecimiento del país incumplen en cambio todos los acuerdos. La actividad hidrocarburífera en la cuenca está parada y no se vislumbran soluciones por parte del gobierno, que adoptó determinaciones que atentan de forma decidida contra el trabajo y la producción", puntualizó.
Para el gremialista, la fijación del precio del barril de crudo, las retenciones a las exportaciones del producto y el congelamiento del mercado de combustibles significó "un martillazo a la única actividad -junto con el agro- que generó ingresos reales para la Argentina", por lo que ratificó el "alerta y movilización permanente".
"Ante esa situación de cambio permanente de las reglas de juego y de destrucción de las garantías jurídicas, operadoras como YPF, Vista o Tecpetrol no logran financiamiento para el desarrollo, y sus cotizaciones caen en picada. Las empresas de servicios están obligadas a bajar equipos y suspender personal", afirmó.
Pereyra dijo que en esa situación "están las compañías San Antonio, Schlumberger, Baker o Calfrac", entre otras, y que el escenario es "imprevisto y sin salida".
Sostuvo que además del "pesado azote impositivo, las pequeñas y medianas empresas están al borde de la quiebra por la pesificación de los contratos a un valor muy inferior al del mercado", y dijo que "sus cadenas de pago están paradas y no pueden financiar las operaciones, cumplir los contratos o abonar los salarios".
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