En 2016, la cartera educativa separó, de manera preventiva, a dos supervisoras de Educación Inicial en Cipolletti, con el objeto de  iniciar un procedimiento disciplinario por presunto incumplimiento de las funciones y misiones del rol que su cargo les indica.

En la causa “Errotabere Stella Maris c/ Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro s/ contencioso administrativo (l)”, la Cámara falló en contra de la solicitud de no continuar con el trámite. De esta manera, rechazó la medida cautelar y no hizo lugar al recurso de reposición realizado al momento de apelar la primera decisión.

El fallo toma jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, en la que se indica que “la presunción de validez de los actos estatales configura una herramienta para consolidar la seguridad jurídica y la continuidad de la  marcha del Estado, evitando la interrupción de la misma mediante planteos sin entidad ni suficiencia ineludibles, o arbitrario”.

En los argumentos de su resolución, los jueces Raúl Santos, Luis Méndez y Alejandro Cabral y Vedia sostuvieron que la presentación de la supervisora Errotabere no cumple con los presupuestos del artículo 230 y consecuentes del Código Procesal Civil y Comercial y no logra conmover los fundamentos de la Resolución atacada.

“La medida cautelar en esta instancia afectaría derechos constitucionales e infra constitucionales que hacen a la defensa en juicio”, indicaron los miembros de la Cámara.

De esta manera, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos continúa con los procedimientos en curso para investigar el desempeño de las supervisoras de Educación Inicial en Cipolletti.