La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso hoy la creación de un programa de asistencia financiera para los productores frutícolas de las provincias de Río Negro y Neuquén, que tiene como objetivo el aumento de las exportaciones, la modernización tecnológica y la mejora de la calidad; y para el cual destinará $ 1.500 millones en Aportes No Reembolsables (ANR).

La iniciativa, formalizada a través de la Resolución 226/2023 publicada en el Boletín Oficial, busca mejorar la situación productiva y comercial de los productores de peras, manzanas, vid y frutos secos de ambas provincias, impulsando una mayor calidad y diferenciación a través de la modernización tecnológica y transformación digital y la utilización de herramientas de etiquetado, sello y denominaciones de origen.

También tiene como eje el fomento del procesamiento y el agregado de valor en origen, el aumento de las exportaciones y la implementación de buenas prácticas agrícolas.

Todo esto se sumará a la asistencia financiera de aquellos productores que se encuentren afectados por situaciones adversas productivas o comerciales, para que estos puedan incorporar bienes de capital y capital de trabajo.

Los beneficios no estarán dirigidos únicamente a los productores sino a toda la cadena, incluyendo los empacadores, frigoríficos, comercializadores e industrializadores.

Como monto inicial, el Gobierno nacional otorgará sujeto a disponibilidad presupuestaria, $ 1.275 millones en ANR a la provincia de Río Negro y $ 225 millones a Neuquén, para que ambas jurisdicciones constituyan un fondo rotatorio –que será supervisado por Nación- para poder financiar el otorgamiento de créditos a los beneficiarios.

Precisamente, ambas provincias habían pedido la creación de este programa “con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y comerciales de dichos sectores”, señalan los considerandos.

“La producción de pera y manzana encuentra en el mercado nacional e internacional una excelente oportunidad de desarrollo, que la Argentina debe acompañar y potenciar mediante el mejoramiento de las tecnologías de cultivo, variedades, asesoramiento técnico, formación profesional, adopción de tecnologías de producción, empaque, procesamiento, incorporación de sistemas de gestión de calidad y trazabilidad, y el acompañamiento permanente por parte del Estado en todos sus niveles”, agrega la normativa.

Anualmente se producen cerca de 1.100.000 toneladas de fruta fresca, distribuidas casi equitativamente entre pera y manzana, con un leve predomino de la primera.

Uno de los objetivos de la ley es recuperar el nivel perdido de los últimos años: en 2011 se superaron las 1.900.000 toneladas y el sector contaba con 2.599 productores, cifra que disminuyó a 1.681 en 2020.

El sector está constituido especialmente por micro, pequeñas y medianas empresas, y el 61% de los productores tiene menos de 30 hectáreas.