Constituyen una mesa de diálogo para dar respuesta al reclamo mapuche

Una mesa de diálogo integrada por referentes de la comunidad mapuche, de organizaciones sociales, la Iglesia y una funcionaria del Ministerio de Justicia quedó conformada hoy en Bariloche, en un intento por evitar hechos de violencia tras el operativo del sábado último en la zona del Lago Mascardi, en el que resultó muerto de un balazo el joven de origen mapuche Rafael Nahuel, de 22 años.

La idea de darle un marco institucional al diálogo fue una iniciativa del obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, quien consideró "muy auspiciosa" la primera reunión y juzgó que fue dado "el primer paso en el camino al diálogo".

Chaparro dijo a Télam que "la situación es difícil, pero el diálogo nos sirve a todos" y destacó la "importancia de la intervención del Gobierno nacional y el apoyo recibido de parte de la provincia de Río Negro".

Un documento del grupo respaldó la continuidad de la comunidad mapuche en ese predio del Parque Nacional Nahuel Huapi y apoyó un pedido para que ese organismo retire la denuncia por usurpación que motivó el operativo de desalojo en el que murió Nahuel el sábado último.

La mesa inauguró hoy las conversaciones para encontrar una solución al reclamo de tierras en Villa Mascardi por la comunidad Lafken Wincul Mapu, a la que se buscó desalojar días atrás con un operativo de Prefectura, ordenado por el juez Gustavo Villanueva.

El grupo de diálogo envió esta tarde una nota al juez para comunicarle su conformación e intentar que el magistrado no promueva nuevos procedimientos en la zona.

"Se dio un paso trascendente que es la conformación de esta mesa para resolver pacíficamente el conflicto", contó a Télam Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), organización a la que pertenecía Nahuel.

Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos le comunicaron a esta agencia que en la reunión de hoy en Villa Mascardi "no se firmó ningún acuerdo", y que se presentó una nota al juzgado con un acta sobre la mesa de diálogo en la que participó la interventora del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jimena Psathakis.

En ese documento "se dejó constancia que en estas condiciones de ocupación del Parque Nacional no es posible progresar en soluciones, las que solo se lograran cuando los actores actúen conforme a la Ley y al estado de derecho", sostiene un comunicado del organismo que encabeza Claudio Avruj.

El encuentro fue compartido por representantes de la comunidad de Villa Mascardi; Psathakis; la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro; la Confederación Mapuche de Neuquén; la CTEP; la CTA y la organización Al Margen.

También estuvieron la Defensora del Pueblo de Bariloche, Abogados de Derechos por la Igualdad, la APDH La Matanza, el Obispado de San Carlos de Bariloche y la Universidad Nacional de Río Negro, además de legisladores nacionales y provinciales que asistieron como observadores.

"Se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Maipu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación", expresó Orlando Carriqueo, un referente mapuche de Río Negro, sobre el acta firmada luego de la reunión.

En la mesa de diálogo, los representantes de los pueblos originarios reclamaron la "urgente desmilitarización de la zona", en alusión al despliegue de efectivos de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, con numerosos móviles, en el sector que circunda la comunidad mapuche, adonde ayer volvieron sus integrantes luego de llegar a un acuerdo con el juez Villanueva.

Pidió además la liberación de Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos desde el sábado último después de bajar de las montañas el cuerpo de Nahuel, baleado tras el desalojo en Villa Mascardi.

La interventora del INAI, junto al otro representante del organismo nacional, Nicolás Torres, ofreció visitar a los detenidos y poner a disposición del diálogo "los dispositivos con que cuenta la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para revisar sus condiciones de detención".

El obispo Chaparro negó que los integrantes de la comunidad hayan impedido el ingreso al lugar de peritos, el juez u otros funcionarios y aseguró que "mucho menos hubo piedrazos ni agresiones de ningún tipo a nadie después del acuerdo del domingo".

En declaraciones a radio La Red, Chaparro desconoció hoy la existencia de la RAM y negó que los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu tengan vínculos con esa organización.

"El RAM no sé qué entidad tiene. Se está armando un enemigo. Yo no conozco su existencia", manifestó el obispo, aunque no descartó que pueda haber algún grupo que actúa en forma violenta en la zona.

En tanto, el Gobierno expresó hoy a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, su "preocupación" por no haber podido "asegurar las pruebas" de los hechos ocurridos en Villa Mascardi y apuntó así contra el magistrado, que pospuso dos días el inicio de los peritajes y otorgó un tiempo de duelo a la comunidad mapuche, tras la muerte de Nahuel.

El jefe de ministros, además, aclaró que la toma del Parque Nacional está ejercida por "este grupo violento que no tiene nada que ver con el accionar de la mayoría de las comunidades mapuches".

Por su parte, en declaraciones a Radio Mitre, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adjudicó a la comunidad Lafken Winjul Mapu una "vinculación con el grupo que afectó la escena del crimen y obstaculizó el accionar de la Justicia en la investigación de (la muerte de) Santiago Maldonado".

Se trata de "un grupo muy chico que no representa a la comunidad mapuche" y que está compuesto por "personas muy radicalizadas que usan la violencia", agregó el ministro.

Télam