Entre los principales agrevios expuestos por el fiscal jefe, Santiago Marquez Gauna, se encuentra la no valoración por parte del tribunal de la prueba producida durante la etapa del juicio de responsabilidad, concluyendo que sólo se tuvo en cuenta a la hora de evaluar la pena los testimonios de la cesura.

 “El juicio es uno sólo y el Tribunal debe evaluar toda la información producida en él”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

 Agregó que pruebas decisivas para resolver el caso respecto del monto de la pena no habían sido tenidas en cuenta por los jueces que participaron en el debate, lo que los llevó a considerar que no se había acreditado la extensión del daño en la víctimas.

 “La acción del imputado sobre el cuerpo las niñas generó un daño irreparable porque las ha incorporado a una sexualidad adulta sin que su psiquis está preparada para eso”, aseveró. Agregó que ese daño es inconmensurable y que para poder acreditarlo mediante estudios psicológicos debería esperarse a que ingresen a su vida adulta, mientras el juicio debía realizarse en los plazos previstos en las normativas procesales.

En relación a lo anterior, concluyó que si bien no está previsto específicamente en el Código Penal como una agravante en la calificación legal, se debía tener en cuenta la edad de las víctimas a la hora de fijar el monto que el acusado debe cumplir en prisión.

Respecto de la repercusión del caso y la afectación a la comunidad, expreso que el hecho conmocionó a Balsa Las Perlas porque sucedió dentro de un centro de educativo que sirve como referencia para toda la sociedad. Aclaró que del juicio surgió que los padres envían a sus hijas a la escuela pensando que van estar seguros y los perlenses no tiene la posibilidad de cambiarlos de institución porque sólo cuenta con una primaria.

En consecuencia, solicitó que la segunda etapa del juicio – correspondiente a la imposición de pena – sea anulada y que se reenvíen las actuaciones para que el Tribunal dicte un nuevo fallo valorando la totalidad de las pruebas. Lo anterior, siempre y cuando los jueces el Tribunal de impugnación no decidan ellos mismos resolver el monto de la pena a imponer o en caso de que consideren que la cesura debe realizarse nuevamente con la recepción de declaraciones y exposición de alegatos.

Se recuerda que el hombre fue declarado culpable por doce hechos de abuso sexual simple agravado en contra de ocho víctimas distintas y agravado por la calidad de educador del autor. Por esos delitos fue condenado a seis años de prisión efectiva. Los acusadores habían requerido una pena superior al doble de ese monto por lo que el Código Procesal Penal de nuestra provincia habilita la impugnación de la sentencia. 

Tanto la defensoría de menores como la querella particular que representa a las víctimas y sus familias adhirieron a lo propuesto por el Ministerio Público Fiscal.

La defensa particular del acusado requirió que la sentencia sea anulada y que su cliente sea absuelto de todos los cargos. Además consideró que en caso de confirmar la declaración de culpabilidad la pena impuesta era excesiva y que debía aplicarse una condena de ejecución condicional.

Tras escuchar los agravios el Tribunal de Impugnación integrado por Miguel Cardella, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann dio por finalizada la audiencia. Los magistrados cuentan con un plazo de viente días hábiles para dictar la correspondiente sentencia.