La fundación estuvo representada por su presidenta, Andrea Lescano, mamá de Micaela, profesora en Disciplinas Industriales y licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional.

Lescano estuvo acompañada por María Agustina Díaz, licenciada en Ciencia Política y diplomada en Formación en Género desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.

Además de los representantes parlamentarios, también intervino personal de Subsecretaría de Atención Integral a las Personas Víctimas de Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Igualdad de Género del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, autoridad de aplicación de Ley Micaela en la provincia.

Al comenzar el encuentro, Palmieri tomó la palabra para “agradecerles y felicitarlas por el compromiso por la causa de Micaela”.

Para el titular del Parlamento, el caso de Micaela “evidenció la necesidad de concientizar y de formar en perspectiva de género a todos los actores de la sociedad y especialmente a quienes somos agentes del Estado”.

Informó Palmieri que Río Negro “adhirió a la ley el año pasado” y que durante 2020 “organizamos las capactaciones para los 50.000 agentes del Estado”.

También aseguró que la semana venidera, la Legislatura iniciará una nueva tanda de las capacitaciones “y esta charla de hoy la hacemos en este marco”.

A su turno, la mamá de Micaela, explicó que es de vital importancia que las provincias adhieran a la ley, por cuanto “el sector docente y la policía dependen de ellas”.

En este sentido, indicó que la capacitación para las fuerzas del orden es fundamental en varios lugares “no tenemos agentes de policías capacitados, y ya sea porque toman mal la denuncia o porque revictimizan a las pesonas, atentan contra los derechos y contra los tiempos que exige atender un caso de violencia de género”, sostuvo Lescano.

Sobre las características de las capacitaciones que se brindan, la referente aclaró que “no solo trabajamos la violencia de género o la violencia contra las mujeres”, también “los distintos tipos de comportamientos que tenemos muy naturalizados y arraigados” en la sociedad.

“Estamos en un aprendizaje permanente y al ser nuevo, genera rechazos. En muchos lugares vemos reticencia para implementarlo y tampoco tenemos recursos humanos” destacó.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que en 2017 fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, una persona que gozaba de libertad condicional a pesar de estar condenado por violación.