Según expresó el fiscal del caso, Guilermo Merlo en los alegatos de apertura, los imputados habrían utilizado un conjunto de documentos, para que finalmente un terreno ubicado en un loteo social y destinado a personas en estado de vulnerabilidad social, pase a ser administrado por el hijo del ex intendente. 

La maniobra consistió en la firma de un documento en octubre de 2010 que otorgaba un poder especial e irrevocable por parte de la adjudicataria del lote y víctima en el caso en favor de una mujer. Tiempo después esta mujer, transfirió el mencionado poder al hijo del ex intendente. Ambos se encuentran acusados en este proceso.

En su explicación sobre la investigación, la fiscal adjunta, Vanina Bravo, relató que en el año 2015 el intendente municipal y su hijo - como apoderado de la víctima - suscribieron la escritura del terreno en escritura pública, siendo imposible que desconozcan el vínculo familiar que existía entre ambos. Tras lo anterior, en el lote se construyó una vivienda unifamiliar en el lugar, que fue alquilada – según la teoría del caso de al fiscalía – mediante un contrato suscripto entre las esposa del ex mandatario orense y un hombre que hoy prestó declaración como testigo. En base a esta operación en particular, la imputada fue acusada por el delito de estelionato.

La fiscalía encuadró la conducta delictiva en el delito de negociación incompatible con la función pública, previsto en el artículo 265 del Código Penal. El mismo sanciona a los funcionarios públicos que "directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Merlo diferenció tres tipos de pruebas que se producirán durante el debate: las declaraciones de los testigos, las pruebas “confesionales” en las que los acusados reconocían partes de la maniobra y los documentos públicos en los que constan las operaciones que tendieron a que el terreno pasara a formar parte del patrimonio de el ex jefe comunal o un allegado directo.

“La prueba va a hablar por si misma”, aseveró el fiscal.

Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno a la adjudicataria del loteo social adelantó que su teoría del caso es que la mujer no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa. Al respecto sostuvo que su accionar no encuadraría en delito penal por atipicidad.

El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encuendran en figura penal y que la causa se basó en un armado “político”, para perjudicar la imagen pública del ex intendente de Fernández Oro y así lograr no triunfe en las elecciones municipales a las que se presentó este año.

La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, representa al hijo del ex jefe comunal y sostuvo que su asistido desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra.

Tras los alegatos de apertura expuestos por las partes comenzó la ronda de testigos que incluyó al actual intendente de Fernández Oro, al asesor legal del Municipio, a la adjudicataria del lote y víctima en el caso, al hombre que habría alquilado la vivienda y a dos integrantes de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti. También declaró la psicóloga forense Giuliana Marzola, integrante del Cuerpo de Investigación Forense de esta ciudad.

El Tribunal unipersonal que interviene en el caso está integrado por el Juez de Juicio, Álvaro Meynet. Las audiencias se retomarán hoy (11/09) a partir de las ocho de la mañana en el edificio judicial de España y Urquiza.