Lago Escondido

La justicia de Río Negro imputó a Hugo Araneda, Graciela Hernández, Andrés Sains Antonin y a Nicolas y Enzo Puchi por "agresiones físicas a nueve personas y otras que participaban de la Séptima Marcha a Lago Escondido", realizada el pasado 1 de febrero, en inmediaciones del camino vecinal "Tacuifí", en el Paraje El Foyel, cercano a la localidad de El Bolsón.

"Además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión también hay responsabilidad política, porque se dejó actuar", argumentó la exsenadora por la provincia Magdalena Odarda.

Dos columnas de representantes de organizaciones sociales, políticas y gremiales arrancaron este fin de semana por distintas rutas (obstaculizadas por el británico Joe Lewis) su camino hacia lo que denominaron "la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia".

Por instrucción de Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia por "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", en la que pidió que se entreguen "los aparatos de telefonía celular de todos los implicados".

Alberto Fernández se refirió a la reciente difusión del intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos.

El Gobierno de Río Negro informó que, la empresa Vialidad Rionegrina S.E. interpondrá un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que le ordena que habilite un nuevo acceso a Lago Escondido.

Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia, tras mantener cinco años el expediente bajo análisis.

Organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios reclamaron que la Cámara en lo Civil, Comercial, de Familia y de Minería de Bariloche emita una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido.

"Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia", sostuvo la Inspección General de Justicia (IGJ).

El petitorio, entregado al Gobierno y al Poder Judicial provincial, solicita que se cumpla el fallo de 2009 que debería garantizar el libre tránsito por el camino de Tacuifí, cuya utilización es restringida por el magnate británico Joe Lewis, quien posee alrededor de 10 mil hectáreas en esas tierras patagónicas.

La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas informó que no hubo acuerdo en la conciliación porque no cumple con la resolución que se dictó luego de la sentencia en 2009. Además, aumenta el daño al medioambiente ya que este sendero "implica deforestar para transitar".

Alberto Fernández dialogó con la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, sobre la necesidad de construir un camino que conduzca al lugar. “Es propiedad pública y por lo tanto hay que facilitar un acceso”, dijo.