El vocero del Parlamento Mapuche Orlando Carriqueo dijo que "el bloque del partido gobernante ingresó dos proyectos sin consulta a la legislatura de Río Negro, uno es la modificación de la ley 279 del Código de tierras y otro de modificaciones de procedimientos en el Código Minero de la provincia".

"Esta situación se viene repitiendo desde el año 2016 con el gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) que quiere modificar una ley que es trascendental", remarcó el mapuche.

Además, explicó que el cuestionamiento no solo es por la falta de participación del Parlamento Mapuche, en el proceso de consultas que vienen reclamando, sino que también piden "la transparencia que tienen que tener los actos legislativos en democracia".

"Interpelamos al gobierno de Río Negro porque llamó a modificar una ley que es estructural para el desarrollo económico y productivo, con 48 horas de trabajo", remarcó Carriqueo de cara a la próxima sesión de la legislatura rionegrina de este viernes.

En ese marco, el mapuche dijo que la ley provincial también habla de la necesidad del acceso a tierras fiscales, y aclaró que los proyectos de modificación presentados, centralizan el poder en dos secretarías, la de ambiente y la dirección de tierras de la provincia.

El reclamo incluye otros incumplimientos que tienen que ver con el "relevamiento territorial que está suspendido desde hace más de 10 años, y por la falta de entrega de títulos comunitarios" y más de 140 denuncias elaboradas por una Comisión investigadora de Tierras entre 2012 y 2015 y que permanecen en la Fiscalía de Estado.

En ese marco, Carriqueo dijo que "el proceso de investigación por la desposesión de tierras de muchas familias Mapuches Tehuelches en este proceso histórico, todavía no se estudió ni se resolvió".

"El avance sobre leyes estructurales de la provincia, no sólo nos perjudica a las 180 comunidades que permanecemos en lo que este Estado llama tierras fiscales, que en realidad son territorios comunitarios de los pueblos pre existentes", aclaró.

También aseguró que el Estado tiene la obligación de asumir un trabajo articulado en el que también se sumen las organizaciones sociales, los gremios y las universidades públicas porque, dijo, aquí se habla del "futuro de los próximos 50 o 100 años en la distribución territorial de un Estado que viene de un genocidio que aún no fue reparado".

"Creemos que esta es una actitud antidemocrática que no se condice con los 40 años de democracia que tiene la Argentina, tratar de esta manera leyes que son trascendentales, excluye la discusión social", dijo el vocero.

"Esta ley puede cambiar la posibilidad de que muchos rionegrinos sean o no mapuches, puedan tener el acceso a tierras fiscales, está pensada para que empresas internacionales puedan titularizar la tierra, y esto es extranjerizarla", remarcó.

Finalmente, dijo que entienden que "los carriles legislativos tienen que respetar las discusiones sociales" y que por esa razón van a "concretar un planteo administrativo".

"Vamos a pedir el uso de la palabra en el plenario de comisiones", dijo.

Esta tarde se reúne el plenario de Comisiones de la legislatura provincial.

"Pero también estamos trabajando en una presentación judicial frente a esto que llamamos un tratamiento inconsulto, no estamos diciendo que no hay que cambiar la ley, ponemos el eje en quienes son los que tienen que participar en ese debate estructural y necesario para toda la sociedad", concluyó.