Los retos sociales de inicios del Siglo XXI muestran de forma clara que no se trata sólo de dinero o transferencias para cuidar, se requiere infraestructura pública.
Tendencias - Opinión19/02/2023 Roxana Mazzola
Los programas de transferencias de ingresos en todos los países de América Latina y Argentina constituyen un punto de partida para el desarrollo de la seguridad social en la niñez y de las políticas de cuidados, pero no siempre abordan la pobreza multidimensional ni la reducción de las desigualdades.
Se requiere que, junto con las transferencias de ingresos, se invierta en políticas que amplíen y mejoren la calidad de la infraestructura de salud, de cuidados a la niñez, a las juventudes, a las personas mayores y a las personas con discapacidad para hacer frente a la crisis de los cuidados que visibilizó la pandemia del Covid-19, y repensar los sistemas de bienestar social.
Considerar la experiencia en infraestructura de la Argentina es un aporte al respecto.
La evolución de conquistas debe y tiene que continuar: en la Argentina a la Asignación Universal por Hijo y la jubilación de amas de casa se suma un nuevo derecho a amplificar que es la infraestructura del cuidado.
Desde el Ministerio de Obras Públicas y en consonancia con el camino trazado por parte del Gobierno, se creó el Programa de Infraestructura del Cuidado, materializando el derecho a cuidar y ser cuidada.
Este compromiso de inversión impulsado desde el organismo fue incluido en el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad.
En concreto se trata de la construcción de nueva infraestructura en todo el país como son los Centros de Desarrollo Infantil, los Centros Modulares Sanitarios, entre otras obras que inciden en los cuidados.
Esta política ha sido una preocupación desde el primer día del ministro Gabriel Katopodis para sentar una huella distributiva diferencial, que garantice derechos y que sea parte de la agenda de desarrollo del país, junto a otras obras estructurales en agua y saneamiento y conectividad vial.
Hay al menos tres aspectos a resaltar de por qué esta política es innovadora:
1. Multiplicación de oportunidades
En primer lugar, la inversión en Infraestructura del Cuidado multiplica oportunidades: genera empleo en la construcción de manera directa e indirecta y contribuye a desarticular la dinámica de la pobreza de tiempos (condición en la que no se cuenta con el tiempo suficiente para distribuirlo entre trabajo remunerado y actividades no productivas).
A su vez, produce transformaciones radicales en la vida de las personas, en especial estas políticas impactan positivamente en los proyectos de vida de las mujeres, ligado a la adquisición de mayor autonomía.
2. Infraestructura del Cuidado, participación y rendición de cuentas
En segundo lugar, esta nueva política fue creada con participación y rendición de cuentas. A través de la plataforma MapaInversiones, desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ciudadanía puede conocer las obras realizadas en el territorio, como también denunciar, comentar, subir fotos y videos acerca de los diversos proyectos.
Los datos publicados en MapaInversiones dan cuenta que 1 de cada 10 obras del Ministerio: más de 600 obras son de Infraestructura del Cuidado.
Estas herramientas no son iniciativas aisladas, sino que forman parte de un nuevo paradigma de gestión de la obra pública: abierto, innovador, participativo y federal.
Una política central que acompaña esta nueva visión es el Observatorio de la Obra Pública, un espacio de participación y trabajo articulado entre el Ministerio, universidades, sindicatos, cooperativas, consejos profesionales, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil (Uocra, Camarco, UBA, UTN, Clacso, Poder Ciudadano, Cippec, Unsam, entre otras) que construyen políticas colectivas a partir del intercambio de buenas prácticas y recomendaciones.
En 2022, el Observatorio de la Obra Pública aportó a construir más de 19 herramientas y políticas.
Parte de ello fue la construcción colectiva de la política de infraestructura del cuidado, que se nutrió del aporte federal en jornadas efectuadas en diversas provincias del país.
La presencia de esta clase de espacios permite integrar a la sociedad civil al proceso de toma de decisión pública y, por ende, transparentar la gestión de las obras.
A 40 años de la democracia esto es un componente central de toda política pública.
3. Inversión priorizada: un cambio material, no sólo cultural
En tercer lugar, nada de todo esto sería posible sin la decisión política de asignar recursos para reducir brechas históricas en nuestro país y para ello se invirtió una porción del presupuesto en Infraestructura del Cuidado: un 8,5% de los fondos anuales.
En 2022 se ejecutó un 9,01% del presupuesto anual en estas tipologías, superando el compromiso.
Es imposible pensar en un crecimiento de la economía sin antes detenerse a analizar la deuda que tienen los países de América Latina en relación con las políticas del cuidado.
El Estado debe tomar como propias estas banderas y garantizar los derechos de las mujeres, las infancias, las diversidades, las personas mayores y las personas con discapacidad, sectores sobre los que más ha impactado el avance de modelos neoliberales y discursos reduccionistas.
Es vital sostener una mirada que construya una sociedad del cuidado entre todas y todos y pensando en el mediano plazo.
En este contexto, la infraestructura tiene una gran oportunidad de contribuir a la conquista y la consolidación de nuevos derechos.
Desde la Dirección Nacional de Transparencia, un área nueva, creada desde 2020 para fortalecer la confianza ciudadana y mejorar las políticas, se trabaja en visibilizar estos impactos a través de la generación de estadísticas y análisis abiertos a la ciudadanía y del desarrollo de nuevas políticas de participación y control ciudadano que retroalimenten la toma de decisiones.
Los estados de bienestar deben actualizarse y tomar esta agenda para incidir en la reducción de las desigualdades.
Para desarrollarnos, debates como éstos deben formar parte de las plataformas electorales.
(*) Directora nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas
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