El fiscal Guillermo Merlo se opuso a la excacelación solicitada por la defensa de dos imputados a quien se los acusa de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas mediante la compra-venta de vehículos.
Locales 15/12/2017
La defensa particular de los imputados, representada por Juan Vincenty, había solicitado la excarcelación de sus clientes, planteando por un lado la nulidad de la audiencia de formulación de cargos y advirtiendo además que no se había acreditado el riesgo de fuga. A pesar de su argumentación, la Jueza de Juicio, Alejandra Berenguer, rechazó el planteo.
Puntualmente, el representante legal de los imputados afirmó que el hecho imputado era “ambiguo” y que lo anterior afectaba el derecho de defensa de sus tutelados. Por otro lado señaló que en la imputación no se determinó la participación o rol que cada uno de los imputados cumplió en la organización delictiva y que en las cuatro ruedas de reconocimiento realizadas hasta el momento, los damnificados identificaron a distintos acusados diciendo que la transacción comercial la habían pactado con uno de ellos en particular.
A lo anterior, el fiscal recordó que se está en la etapa inicial de la investigación y que el nuevo código procesal penal no dispone la obligatoriedad de estipular que rol cumplió cada uno de los imputados en el delito para esta etapa deo proceso.
Por otro lado, a lo mencionado respecto de las ruedas de reconocimiento, adelantó que según la hipótesis de la fiscalía los integrantes de la banda intercambiaban roles y funciones dentro de la negociación con cada una de las víctimas. “Es lógico que una víctima señale a un imputado y diga que realizó el negocio con él y otra víctima señale a otro y diga lo mismo porque eso formaba parte del accionar de la banda”, aseveró Merlo.
“Tenemos una gran investigación en donde contamos con treinta días de intervenciones telefónicas, grabaciones en video y fotografías que posiciona a los imputados en el lugar de los hechos”, afirmó el fiscal. A todo lo anterior, se le debe añadir los vehículos secuestrados y una gran cantidad de documentos que fueron también fueron incautados durante ocho allanamientos realizados en las viviendas y autoparques propiedad de los acusados.
En cuanto a lo estrictamente técnico, el fiscal entendió que desde la defensa no se había planteado una crítica concreta a la resolución del Juez de Garantías, Marcelo Gomez, que resolvió dictar la prisión preventiva por un plazo de tres meses, sino que se buscaba “una segunda opinión” con una magistrada de instancia superior sin exponer un agravio explícito.
La Jueza de Juicio, Alejandra Berenguer, rechazó la solicitud de excarcelación coincidiendo con el pedido de la parte acusadora.
Respecto al pedido de nulidad entendió que tal como fuera impuesto el hecho cumplía con todos los requisitos previstos para la etapa que se encuentra atravesando el proceso, describiendo incluso la modalidad en la que se llevaban a cabo las presuntas estafas y las personas que resultaron damnificadas por las mismas.
En cuanto al pedido de la revocatoria de la prisión preventiva señaló que no se había atacado la resolución del Juez de Garantías, sino que se habían reeditado los argumentos de la instancia de formulación de cargos.
Prensa Ministerio Público
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