Imputaron siete personas por estafa a un hotel cometidas con tarjetas de crédito ajenas y denunciadas por fraude en Bariloche

Mediante plataforma zoom, se llevó a cabo una audiencia de control de detención y se formularon cargos a siete personas por un hecho que constituye el delito de estafa, ocurrido en el periodo comprendido desde el 17 de agosto de 2022 -fecha de la reserva- hasta el 26 de agosto; momento en que culminó la estadía con la detención de los mismos. Continuarán en esta condición hasta que hagan efectiva una real caución de 700.000 pesos.

Estas siete personas en convergencia intencional y acuerdo de voluntades, cometieron según la acusación expresada por el  fiscal del caso, una defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito ajenas y denunciadas por fraude, para alojarse y procurar una estadía gratuita en un hotel ubicado en Avenida Bustillo km 24,500 de ésta ciudad, con perjuicio patrimonial  de alrededor de $1.421.736 - entre gastos de alojamiento y consumos dentro del hotel-..

El fiscal explicó que esta maniobra habría iniciado con la reserva realizada a través de una plataforma muy conocida destinada a la reserva de alojamiento, a nombre de una de las acusadas por 6 días y 7 noches de alojamiento por un monto de 998.416 pesos.

El 20 de agosto de 2022 a las 11 horas aproximadamente, se presentaron en el hotel, alojándose en 3 habitaciones cuya estadía duró hasta el 26 de agosto de 2022. Durante ese tiempo, los imputados utilizaron los datos de tarjetas de crédito, sin la autorización de sus titulares y en forma indebida, los cuales obtuvieron por métodos que aún no fueron precisados. Todo ello, para procurar el pago de la reserva, estadía y consumos adicionales -como cargos extras dentro del establecimiento- que ascienden a la suma de 423.320 de pesos.

Puntualmente utilizaron siete tarjetas de crédito. Ésta situación fue advertida por personal del hotel, el día 25 de agosto, quienes al intentar cargar los pagos extras, desde la empresa de las tarjetas de crédito rechazaron los mismos.

La encargada jurídica del hotel realizó la averiguación de los motivos del rechazo y fue cuando se enteraron que que las tarjetas utilizadas por los imputados, 3 de ellas estaban denunciadas por fraude, y que ninguna de las 7 utilizadas se encontraban a nombre de las personas alojadas en el hotel. Se dió aviso al personal policial el 26 de agosto de 2022, quienes procedieron a la detención de los imputados a las 6 de la mañana aproximadamente, cuando iban a retirarse del hotel.

Describió el fiscal del  caso la evidencia que sustenta la acusación, el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, intervención del SENAF por una menor de edad. Se agrega la requisa judicial ordenada en el día de ayer, donde se secuestró la suma de 207.800 pesos en efectivo, diversas tarjetas de crédito a nombre de todos los imputados y correspondientes a distintos bancos, una tarjeta para pagar con criptomonedas -asociada a una billetera de criptomonedas-, entre otras.

Se cuentan además entre los secuestros 26 pases para el cerro, todos obtenidos al igual que las reservas por plataformas virtuales de pago donde introdujeron los datos de las tarjetas de crédito, que nunca fueron presentadas materialmente en ninguna operación. 

Informó que hay otras medidas en curso, entre ellas el pedido de informes a la OITEL por las tarjetas de crédito.

El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de estafa por uso de tarjeta de crédito no autorizados por su titular -de acuerdo a lo normado en los artículos 172, 173 inciso 15 y 45- y otorgó plazo hasta el 27 de diciembre de este año para llevar adelante la investigación preliminar. Hizo lugar a la medida cautelar de caución real de 700.000 pesos solicitada por la fiscalía, atento a la necesidad de asegurar el proceso que se encuentra en marcha en contra de los imputados. Hasta que el depósito sea efectivo, continuarán detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial.

El defensor público penal se opuso a la medida solicitada por considerarla de imposible cumplimiento, entendiendo que el Ministerio Publico Fiscal confunde el daño ocasionado con la real condición económica de los acusados y que el riesgo procesal puede ser subsanado de otra forma. Hizo especial mención a la situación de la madre de una niña que con su privación de la libertad se afectan directamente los derechos de la misma, atento a la doble condición de vulnerabilidad en la que se halla por ser mujer y niña. Requirió considerar la situación de la madre, ajena al resto de los imputados y que permanezca con ella.

Situación que fue rechazada y continuará interviniendo en este caso el organismo proteccional, convocando al defensor público de menores para resguardar los derechos de la niña.