La iniciativa de Ley presentada por el diputado de Juntos por el Cambio, pretende mejorar la llegada a las mujeres haciendo que el acceso a los servicios de justicia resulte sencillo y eficaz. Busca “abordar con seriedad las barreras que existen” para "tener herramientas legislativas reales y efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias", aseguró Tortoriello.

 El proyecto propone mejoras en el artículo 7 y en el inciso 5 del artículo 11, para que las mujeres tengan las debidas garantías cuando manifiestan violencia porque “un número importante de las víctimas de estos delitos no denuncian debido al temor, la vergüenza, las represalias y la revictimización que se produce en el marco de una investigación”, lamentó el diputado.

Un punto central de las ampliaciones propuestas es que se asegure una “asistencia integral”. Tortoriello explicó que esto implica que Justicia, Salud y todas las partes involucradas realicen actuaciones intersectoriales e interdisciplinarias que respondan a los requerimientos de las víctimas y resulten accesibles.

También se establece la adopción del “principio de celeridad” en los procedimientos judiciales y administrativos. En el mismo sentido, se plantea la igualdad de oportunidades para acceder a la justicia de aquellas mujeres que viven en zonas rurales o alejadas de centros urbanos para que tengan la debida atención.

La iniciativa aborda, además, la afectación de los derechos a la dignidad, la libertad y la intimidad de las mujeres victimizadas, que se produce cuando los operadores de organismos del Estado se desenvuelven con criterios basados en estereotipos de género. Para evitarlo, propone “la obligatoriedad de la capacitación con perspectiva de género”. Se complementa con la prohibición de la difusión de información relacionada a situaciones de violencia contra la mujer.

En relación a la modificación del artículo 11°, el proyecto de Ley incorpora la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información y asesoramiento jurídico, por intermedio del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia.

Se incluye garantizar un trabajo intersectorial e interdisciplinario a través de la creación de comisiones asesoras integradas por profesionales provenientes del Derecho, Ciencias Sociales y Salud y la activa participación de organizaciones de la sociedad civil con antecedentes de trabajo en la problemática, entre otros.

Finalmente, propone promover la inclusión de la problemática en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.