Piden el inmediato desafuero para detener a De Vido en la causa de Río Turbio

La Cámara Federal porteña ordenó hoy detener al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, y reclamar para ello el "inmediato" desafuero del actual diputado nacional en la causa en la que se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El Tribunal de Apelaciones dispuso que el juez del caso, Luis Rodríguez, proceda a la "inmediata formalización" del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación para luego cumplir con la orden de detención en su contra, según el fallo de la sala II al que accedió Télam.

"Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación", sostuvo en su voto el camarista Martín Irurzun al referirse a De Vido.

Irurzun votó junto con su colega Leopoldo Bruglia por el desafuero y detención del actual diputado nacional mientras que el tercer camarista, Eduardo Farah estuvo de acuerdo en pedir que le quiten los fueros parlamentarios, pero se mostró partidario de fijarle una "fuerte caución" para mantenerlo libre en la causa.

Las órdenes de la Cámara fueron impartidas al juez del caso, Luis Rodríguez, quien ahora tendrá que pedir al Congreso Nacional el desafuero y luego detener a De Vido, algo que hasta ahora el magistrado de instrucción se había negado a realizar aunque sí lo citó a declaración indagatoria para el 28 de noviembre próximo.

"Sin que lo expuesto implique abrir juicio alguno sobre su acierto o sobre la eventual responsabilidad del

nombrado en las maniobras y sin perjuicio de cuanto defina el juez en ocasión de resolver su situación procesal, la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que, en tanto se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso", consideró el fallo de la Cámara Federal.

Los camaristas advirtieron sobre "serios riesgos de obstrucción de la investigación".

De Vido "puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y/o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y afectar en términos generales el avance de la presente investigación", agregó por su parte el camarista Bruglia.

Este juez integra la sala I de la Cámara Federal pero fue llamado a desempatar ante la falta de acuerdo en lo relativo a la detención de De Vido de los dos miembros de la otra sala, Farah e Irurzun.

Bruglia pidió toda la causa por Río Turbio, la estudió el fin de semana y, a primera hora del día, entregó su voto en sintonía con el de Irurzun.

Los camaristas advirtieron que, del estudio de las pruebas que hasta el momento hay en la pesquisa, "no resulta factible distanciar a De Vido del escenario" como "como portador de un rol preponderante en los hechos concretos aquí investigados".

La detención de De Vido había sido pedida por el fiscal de instrucción del caso, Carlos Stornelli, pero el juez Rodríguez rechazó ordenar esa medida e impulsó en cambio nuevas medidas de prueba con secreto de sumario en el caso, que derivaron en una treintena de citaciones a declaración indagatoria que se llevan adelante actualmente.

La Cámara dejó firme las exenciones de prisión dadas a los demás imputados porque el fiscal ante esa instancia de Apelación, Germán Moldes, desistió de los recursos en su contra presentados por Stornelli.

Moldes sólo sostuvo la apelación en lo referido a De Vido.

En la causa se investiga una defraudación entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 con fondos enviados desde el Ministerio de Planificación Federal que conducía De Vido al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz para su remodelación y modernización, mediante convenios con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz".

La malversación de fondos se calcula en 265 millones de pesos de un total de 26 mil millones enviados desde el Estado Nacional.

Télam