Querellas piden juzgar por genocidio a imputados en el juicio Escuelita VII en Neuquén

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén (Ceprodh) y el abogado Leandro Aparicio, querellante por una de las víctimas en el juicio “Escuelita VII”, sostuvieron hoy que lo ocurrido en ese Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico militar debe ser juzgado como un genocidio sobre la base de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción de ese delito a la que adhirió la Argentina.

Lo hicieron durante la última jornada de alegatos de las querellas en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) número 1 de Neuquén contra 15 exjefes militares y miembros de fuerzas de seguridad nacionales y de la policía de Río Negro.

Las abogadas del Ceprodh, Natalia Hormazábal y Mariana Derni, plantearon que los acusados “deben ser juzgados por el delito de genocidio si bien no está la pena tipificada en el Código Penal”.

Derni sostuvo que “lo hacemos guiadas por nuestras más profundas convicciones, por los 30 mil, por sus madres, en nombre de compañeros y compañeras desaparecidas, los 20 casos de este juicio, y en nombre de los trabajadores que hoy resisten y dan pelea como los que ayer luchaban”.

Aclaró que “no adhieren a la figura del homicidio” planteado por el Ministerio Público Fiscal en el caso de los desaparecidos y sostienen la figura de la desaparición forzada de personas como parte del genocidio ejecutado en nuestro país.

La abogada explicó que los acusados “deben ser juzgados como coautores del delito de genocidio a los que les corresponde prisión perpetua, la revocatoria de las prisiones domiciliarias, el cese de beneficios previsionales y el cumplimiento efectivo de la pena en cárceles comunes”.

Por su parte Natalia Hormazábal al dirigirse al Tribunal expresó: “Señores jueces, ustedes tienen la tarea de juzgar, nosotros la de seguir adelante con la lucha”.

El abogado Leandro Aparicio representó al testigo víctima Eduardo París, quien fue secuestrado en junio de 1976 de su lugar de trabajo en la ciudad de Neuquén y trasladado, como tantas otras víctimas, al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, torturado y liberado pocos días después.

Aparicio adhirió al planteo de que los hechos deben ser juzgados como genocidio y coincidió con el pedido de penas efectuado por el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal José Nebbia al alegar el miércoles pasado, solicitó prisión perpetua para los exmiembros del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca Osvaldo Páez, Walter Tejada, Jorge Granada, Norberto Condal y Carlos Taffarel por los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio agravado en los casos de ocho detenidos desaparecidos y abuso sexual en perjuicio de tres de las víctimas.

También requirió perpetua para el exjefe de Inteligencia del Comando Militar de Neuquén Oscar Reinhold y los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale y el exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti.

En tanto, solicitó 25 años de prisión para el expiloto militar Juan José Capella y para el exsegundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal Jorge Soza.

El fiscal pidió diez años de cárcel para el excomisario de la policía de Río Negro Desiderio Penchulef; 9 años para el exoficial de la Policía Federal Miguel Ángel Cancrini y ocho años para el expolicía rionegrino Enerio Huircaín.

Debido a la gravedad de los hechos ocurridos en 1976, Nebbia requirió la revocatoria de las prisiones domiciliarias de los imputados y la inmediata detención de Capella, Soza, Huircaín y Penchulef.

Asimismo, pidió que las condenas se cumplan en cárcel común y que sean dadas de baja las pensiones, jubilaciones y retiros que perciben los acusados.

El TOF resolvió hoy que los alegatos de las defensas comenzarán el viernes 5 de noviembre a las 8,30 y continuarán durante entre el lunes 8 y el miércoles 10.