La Justicia Federal se declaró competente en la denuncia que interpuso la Fiscalía de Estado de Río Negro ante los ataques incendiarios ocurridos a principios de este mes en las instalaciones del predio de Vialidad Rionegrina en Bariloche y la Oficina de Turismo de El Bolsón, ambos ejecutados coordinadamente la misma noche y de confeso contenido violento e intimidatorio.

En el marco del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación se delegó la instrucción del sumario en la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal y también se hizo lugar al pedido de la Provincia para actuar como querellante, a través de la Fiscalía de Estado provincial.

La denuncia se había presentado esta semana por expresas instrucciones de la Gobernadora, Arabela Carreras, y en representación del Estado Provincial.

Los hechos

El 3 de octubre, entre las 21:30 y las 23:30, un grupo de personas ingresaron por la fuerza a un predio de Vialidad, maniatando a sus ocupantes, incendiaron la casa que se utiliza como residencia y maquinaria de trabajo. Los autores del hecho dejaron en el lugar una amenaza dirigida a la Gobernadora de la Provincia y a otras autoridades provinciales.

La misma noche, autores anónimos incendiaron las oficinas de Turismo de la Provincia en El Bolsón. Conforme da cuenta la prevención policial que intervino, al examinar el lugar se encontró un bidón de plástico presumiblemente con combustible.

La Provincia de Río Negro sostuvo enfáticamente su vocación de respeto a la diversidad cultural y el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, en un todo de acuerdo con lo normado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho de Humanos.

En tal sentido, manifestó que el Estado Provincial dialoga institucionalmente con todas las comunidades en el marco del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de las tierras.

Asimismo, y en idéntico sentido de respeto por los acuerdos constitucionales, la Fiscalía de Estado sostuvo que el Estado no puede tolerar bajo ninguna de sus formas los actos de violencia, ni mucho menos las organizaciones que procuran imponer sus ideas por medio del terror.

Los hechos que se denunciaron implican, no sólo un ataque a la institucionalidad de la Nación y la Provincia, sino que además ponen en riesgo la convivencia social y la paz de todos los y las vecinas.