Torturas a soldados en Malvinas: las claves de un proceso judicial histórico

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que confirmó esta semana el procesamiento de tres exmilitares dejó a la causa por presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas al borde de un juicio histórico, dijeron fuentes tribunalicias.

El expediente judicial que se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, desde 2007, podría desembocar en el primer juzgamiento oral y público de hechos sucedidos en pleno conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña, hace 39 años.

Si bien el caso involucra a más de un centenar de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, imputados por infligir tormentos a soldados rasos de su propia tropa, la Justicia podría desdoblar las actuaciones y juzgar a los primeros acusados que hayan atravesado las diferentes instancias procesales, explicaron a Télam voceros cercanos a la investigación.

Hasta el momento, la causa está focalizada en determinar lo ocurrido en 18 hechos, sobre los que la Justicia citó a indagatoria a 18 militares en diciembre de 2018.

Un año después declararon cuatro de ellos: Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

En febrero de 2020, la jueza Mariel Borruto los procesó por "imposición de tormentos": a Gardé por los 18 hechos, a Affranchino Rumi por dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados) a Gassino por el enterramiento de cinco soldados y a Calderini por el estaqueamiento de otros dos.

En su resolución de esta semana, la Cámara chubutense confirmó los procesos contra Gardé, Gassino y Calderini, y dictó la "falta de mérito" respecto de Affranchino Rumi.

Además, a partir del próximo martes serán indagados otros seis militares por videoconferencia: el ex general de brigada Omar Edgardo Parada, que era Jefe del Comando de Brigada de Infantería III de Corrientes y durante la guerra se instaló en Puerto Yapeyú, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.

Sin embargo, respecto de Gassino, Garde y Calderini, la estrategia del fiscal de Río Grande, Marcelo Rapoport, será solicitar la "inmediata elevación a juicio", indicaron las fuentes judiciales consultadas.

"Ni bien los procesamientos queden firmes, estarían dadas las condiciones para el juzgamiento oral de esta primera parte de la causa. Y sería un hecho histórico", ratificaron los voceros.

Las torturas

En las actuaciones judiciales aparecen descriptos una serie de tormentos que los camaristas redefinieron como "vejaciones" y consideraron delitos de lesa humanidad, por formar parte de un plan "sistemático" de los altos mandos militares contra sus subordinados.

En su mayoría, se trata de represalias hacia soldados que, ante situaciones de hambre extremo, intentaron procurarse su propio alimento mientras la guerra continuaba a su alrededor.

Es el caso de los soldados Jorge Ramón Diez, Carlos Raimundo Rodas, Elvio Emilio Nis, Antonio Horacio Gallardo, Román Orlando Solís y José Rubén Suárez, quienes llegaron a sustraer y comerse una oveja, y por ello fueron "obligados a sentarse en el interior de un pozo, para luego ser enterrados hasta el cuello, sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas", puede leerse en la causa.

Por su parte al soldado Mario Roberto Sauco se lo castigó "obligándolo a colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes".

En tanto el conscripto Carlos Argentino Pereyra fue "estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada, ello a modo de castigo por un supuesto hecho de robo de comida", mientras que Edgardo Oscar Arnoldo, fue "estaqueado durante 4 o 5 horas en los que estuvo atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno" por "robar comida perteneciente a sus superiores".

Otros soldados, Daniel Martínez González y Rosendo Prado, fueron obligados por sus superiores a "realizar movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución".

"Con posterioridad, en circunstancias en que no se podían levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre 6 y 7 disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utilizaba para limpiar los caños de los fusiles. Por último, fueron estaqueados, atados de pies y manos durante 10 o 12 horas", indican las actuaciones judiciales.

Al soldado Juan de la Cruz Martins, "le habrían sumergido la cabeza en agua fría mientras lo golpeaban por haberse quedado dormido en la guardia", y a Julio César Mas lo "estaquearon de pies y manos sobre la tierra helada a la intemperie" una semana antes de producirse la rendición, el día 14 de junio de 1982.

La sustracción o búsqueda de comida aparece como el motivo de las torturas en el resto de episodios que analizan los investigadores, mientras que entre las consecuencias de esos actos hay casos más graves, como el del soldado José Alberto Yanevich a quien sus superiores habrían agredido verbalmente y posteriormente habrían estaqueado "junto a los soldados González y Guayare por más de dos días, así como le habrían roto la nariz de un culatazo".

Mientras estaba estaqueado, Yanevich fue alcanzado "por la deflagración de una bomba que le produjo una ceguera momentánea que habría derivado en una permanente".

Según las denuncias de otros conscriptos, a los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballero, también los alcanzaron bombardeos durante el estaqueamiento, y ambos fallecieron.

Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez sostuvieron que estas conductas no fueron "aisladas o aleatorias" sino que "presumiblemente formaron parte de una agresión, desplegada por la superioridad contra el personal subalterno, que por lo menos habría gozado de la aquiescencia del Estado".

También la definieron como "una práctica corriente realizada por el personal superior durante la guerra del Atlántico Sur, como parte de una política de supremacía de los altos mandos que se encontraban en combate por sobre los soldados más rasos".

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que interviene en la causa como parte querellante, celebró el pronunciamiento de la Justicia, tanto por el avance en la demostración de los hechos como por su encuadre como delitos de lesa humanidad.

"El dato más relevante es la calificación de crímenes de Estado. Estamos muy conformes con la naturaleza del fallo porque recoge una demanda histórica y construye un escenario muy favorable a nuestras reivindicaciones", aseguró el coordinador del equipo jurídico del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, en dialogo con Télam.

El letrado también valoró que la Justicia "haya empezado a tomar nota de las circunstancias en que ocurrieron estos actos de tortura", a la vez que se esperanzó con "el primer juicio oral donde pueda buscarse la verdad, a 39 años de la guerra", concluyó.