Procesaron a Báez por lavado de dinero entre 2010 y 2013 y lo vinculan a la obra pública

El juez federal Sebastián Casanello proceso hoy al detenido Lázaro Báez, y otras 26 personas, entre las que se encuentran sus hijos, por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, y vinculó los fondos a los contratos de obra pública que recibió el empresario.

El magistrado readecuó los procesamientos que ya había dictado sobre Báez y los otros miembros de la "banda", tal como le había sugerido la Cámara Federal porteña cuando le exigió que vinculara las maniobras de lavado con el dinero que recibió Báez durante el kirchnerismo.

"Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina aportaron al hecho delictivo mediante la aplicación de una enorme cantidad de fondos de origen ilícito, realizando la gestiones necesarias para que confluyan en el mercado formal como provenientes de fuentes lícitas", sostuvo Casanello en su fallo de 751 páginas.

A los hijos de Báez los identificó, además, como los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas bancarias en la Confederación Suiza por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.

En su fallo, el juez analizó de manera integral más de veinte hechos de lavado de dinero que fueron denunciados por distintos actores a lo largo de la investigación, del modo en que le fue requerido por la Sala II de la Cámara de Apelaciones, en su fallo del 10 de marzo del corriente año, como paso previo al inicio del juicio oral y público.

La resolución expone cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez comenzó a gestar, a través del valijero Leonardo Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito.

El dinero provenía, en buena parte, del Estado, algo que es investigado como un extendido esquema de corrupción institucional por el juez Julián Ercolini, en la causa en la que se analiza si durante el kirchnerismo hubo un direccionamiento de la obra pública en favor de Báez.

Para Casanello, se tuvo por probado que, en enero de 2011, Fariña adquiere a Federico Elaskar con dinero de Báez la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero, "desde donde se dirigen las operaciones de lavado de la banda y se gestiona la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado", según resumió el juzgado en un informe.

De acuerdo a la investigación, el dinero circuló por el exterior a través de cuentas bancarias y sociedades establecidas en Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, Estados Unidos, entre otros lugares.

La maniobra principal que se investiga en la causa es el reingreso al país de parte de esa fortuna, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de 33 millones de dólares que fueron inmediatamente liquidados en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.

El producido de esa venta (208 millones de pesos) fue abonado a Helvetic Services Group mediante el libramiento de nueve cheques, que fueron endosados en favor de Austral Construcciones, para que esta empresa los deposite en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, sucursal Plaza de Mayo, en una operación que se intentó disfrazar bajo el ropaje de una emisión de acciones preferidas de Austral.

En su fallo, Casanello dispuso mantener en prisión preventiva a Lázaro Báez, al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco y trabó embargos de hasta 10.500 millones de pesos a cada uno de los acusados.

También ordenó embargos millonarios sobre el patrimonio de once personas jurídicas, entre las que se encuentra Austral Construcciones SA, por encontrarlas penalmente responsables de las maniobras investigadas.

El de hoy es el tercer procesamiento de Báez. El primero fue por dos maniobras de lavado y el segundo por apropiación indebida de recursos de la seguridad social en una causa iniciada por la AFIP.

Télam