Con datos de las cámaras empresarias vinculadas al turismo, y de entidades privadas, se estima que entre 45.000 personas, con trabajos registrados o informales, “han visto caer sus ingresos drásticamente, llegando a ser nulos en una alta proporción”, porque el aislamiento vigente impide vuelos, colectivos y todo tipo de transporte, y mantiene las fronteras cerradas, lo que impide la llegada de turistas de Brasil, Chile, Europa y del resto del país.

El proyecto llegó al recinto (se trató sobre tablas), con la firma de la Gobernadora Arabela Carreras, y con acuerdo de Ministros, y en sus considerandos se destaca que se propone esta declaración “en relación a que los meses de julio, agosto y septiembre constituyen la temporada alta de mayor importancia en la Región Cordillera, tanto por el nivel de ocupación como por el gasto promedio del turista invernal -que es superior al de cualquier otra época del año- y que no hay fecha cierta de finalización de esta situación”.

Se resolvió apelar a la figura de “zona de desastre” porque se avizora que “las personas humanas y jurídicas que dependen del turismo no podrán hacer frente a sus obligaciones si no se toman medidas rápidas y concretas para evitar el colapso de gran cantidad de ellas y la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo”.
Todo como consecuencia de la declaración de pandemia de coronavirus COVID-19 y del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que conlleva la prohibición de circular.

El concepto de “desastre” se adopta por ser la pandemia, surgida por la aparición del COVID-19, “un factor imprevisible e inevitable que por su intensidad y carácter extraordinario afecta especialmente a las áreas receptivas del turismo”.

La iniciativa, en su parte resolutiva, establece facultar al gobierno de Río Negro para “conceder los beneficios tributarios, totales o parciales a los contribuyentes” y al mismo tiempo plantea que “una vez declarado el estado de desastre Económico y Social, el Poder Ejecutivo Provincial deberá solicitar al organismo nacional competente la adopción de igual decisión en el orden Nacional”.