La rebelión popular en Chile voltea la agenda internacional de Piñera

Ambas cumbres habían sido organizadas con la esperanza de afirmar a Chile como una vidriera internacional y ejemplo de progreso social y económico en el mundo, pero el estallido social acabo de cuajo con la estrategia y la aparente calma dio paso a una oleada de violencia y represión que dejó 20 muertos, cientos de heridos y más de 9.000 detenidos.

En ese contexto de desolación, Piñera anunció que quedaban canceladas las cumbres de Apec, centrada en el comercio multilateral y la economía; y de la COP25, sobre cambio climático y organizada por la ONU.

"Nuestro gobierno y con profundo dolor, ha resuelto no realizar la cumbre de Apec para noviembre, ni tampoco la cumbre de la COP25 en diciembre”, dijo el mandatario en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda.

“Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes que esta decisión va a significar, tanto para la Apec como la COP25”, agregó.

La Apec, que se iba a realizar en Santiago el 16 y 17 de noviembre, tenía confirmada la visita de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, pero ahora deberá forzosamente cambiar de escenario.

La cancelación llenó de preocupación a las empresas del sector turístico, que contaban con más de 33.000 reservas habían hecho fuertes inversiones para mejorar las condiciones de recepción de los visitantes.

La inversión oficial para ambos eventos estaba calculada en aproximadamente 55 millones de dólares, a lo que se iba a sumar el dinero proveniente de los desembolsos de los visitantes.

Tras la cancelación de las cumbres, el principal indicador de la Bolsa de Santiago mostró una caída del 2,62 por ciento.

Greenpeace, a su vez, elevó su voz de queja y consideró que la cancelación de la COP25 representa un "enorme fracaso" para Chile.

“Hemos perdido una oportunidad única para la historia del país. Se trataba del evento que asumiría los compromisos y desafíos de la emergencia climática que enfrenta el mundo y de manera especial Chile, en una decisión que fue tomada a puertas cerradas y sin atender lo que las organizaciones civiles le traspasamos al gobierno”, dijo a BioBio Chile Matías Asún, director local de Greenpeace.

Al margen de este anuncio, Piñera tuvo en el día una segunda aparición pública durante una visita a un hospital de Santiago en el que están internados varios carabineros heridos durante las protestas.

El presidente se comprometió allí a profundizar las investigaciones por las denuncias sobre "excesos" cometidos por las fuerzas de seguridad durante el estallido social.

Pese a asumir ese compromiso, el jefe del Estado defendió en general la actuación de los carabineros durante las protestas y llamó a frenar a los "violentistas" que saquearon comercios y destruyeron o incendiaron bienes públicos y privados.

"El respeto por los derechos humanos es inquebrantable."Los excesos deben ser investigados", enfatizó.

Mientras Piñera hablaba con los periodistas, manifestaciones de protestas se sucedían en Santiago de Chile, incluso una que llegó hasta la sede del Gobierno, y en otras ciudades del país, con incidentes aislados en los que se repiten escenas de corridas, gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes.

Aseguró el presidente que la gran mayoría de los agentes de seguridad actuaron de acuerdo con los protocolos que enseñan la manera en que debe actuar la fuerza pública en este tipo de casos, pero no descartó que haya habido excesos durante la represión de las protestas.

Hizo hincapié en que se encargó personalmente en gestionar la visita a Chile de una misión de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, que hoy inició sus investigaciones en el país sudamericano.

Durante su presentación ante la prensa, Piñera fue preguntado en cuatro ocasiones acerca de si respalda la intención de distintos sectores políticos de impulsar una reforma constitucional.

En la cuarta vez, respondió que no descarta "ninguna reforma estructural", aunque aclaró que este no es el momento de analizar el asunto, ya que su prioridad es la de "recuperar la paz" y poner en desarrollo una serie de medidas incluidas en su "agenda social".

La Constitución de Chile fue sancionada en 1980, en los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, y desde entonces hasta 2017 fue sometida a 20 reformas.