Está avanzando la denuncia penal por responsabilidad concurrente del Ejecutivo de Río Negro, y la secretaria de la SENAF, que fuera presentada por la diputada nacional por el Partido Justicialista Silvia Horne, como consecuencia del asesinato de la pequeña Sofía en un grave caso de violencia familiar en Lamarque. El miércoles citaron a declarar a personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para corroborar las irregularidades.
Horne había solicitado a la Justicia, en el mes de febrero, que investigue al gobernador Alberto Weretilneck para determinar “si incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en los términos del artículo 248 del Código Penal Argentino, por Varias irregularidades cometidas en el control de un organismo dependiente del Ejecutivo Provincial ‘SENAF’, de acuerdo a facultades otorgadas por Ley 5238”.
La diputada rionegrina había señalado que “fecha 11 de noviembre del año 2018, trabajadoras de la SENAF alto valle, presentaron una denuncia, ante los organismos administrativos de la SENAF correspondientes por mal trato laboral, ante el silencio de la administración, las trabajadoras, se dirigieron mediante nota al Ejecutivo provincial, y atento que este ejerce el control del organismo, no obteniendo ninguna respuesta hasta el día de la fecha”.
Otro de los temas que planteó es que “a consecuencia de esta situación la SENAF alto valle se encuentra sin cinco profesionales que se encuentran de licencia por enfermedad profesional derivara de la persecución laboral denunciada”.
También planteó que “la segunda irregularidad y las más grave es la falta de intervención de la SENAF y el control de su órgano superior, en el hecho delictivo de fecha 4 de febrero del 2019, donde ocurre el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte, doblemente agravado de la niña Sofía. De acuerdo a los dichos de la fiscalía interviniente en el caso, Sofía era víctima permanente de abusos y golpes, que también padecían sus hermanas de cinco y un año. La madre las habría golpeado con diversos objetos, y les provocaba cortes y quemaduras”.
Horne destacó que “estos abusos y ataques constantes, fueron denunciados por una vecina en Lamarque, donde residía la familia, el 14 de octubre del año 2018. El día 15 de octubre funcionarios policiales, se presentaron en el domicilio de la familia, pero no pudieron comprobar el abuso, y entonces, giraron el caso a la Jueza Paz de esa ciudad, Claudia Bascuñan. Ese mismo día, la jueza de paz, tomó como medida librar un oficio a la Policía para que notifiquen al padrastro y a la madre la prohibición de “ejercer actos violentos en contra de las niñas”. En aquella oportunidad, se notificó a la SENAF para que “evaluara una aparente situación de violencia familiar y tome las medidas al respecto como resguardar a las niñas”. A pesar de ello, el organismo, no contestó a la notificación y tampoco hay una constancia en el expediente de que haya ido a ver a la familia”.
Siguiendo la trama de la denuncia, Horne sostuvo que “el día 16 de octubre, el expediente fue remitido a la jueza de familia de Beltrán, Dra. Marisa Calvo, quien ratificó la medida cautelar contra la pareja. Incluso, notificó nuevamente a la SENAF para que intervenga en este caso, pero tampoco hubo respuesta por parte de las máximas autoridades en Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Río Negro. Con fecha 2 de noviembre de 2018, la jueza de Beltrán, reiteró el pedido a la SENAF, nuevamente sin respuesta; y además, requirió auxilio al hospital de Lamarque sobre una aparente situación de violencia infantil, el nosocomio tampoco contestó. A mediados de diciembre la jueza Marisa Calvo, volvió a requerirle al Hospital, y recién el 2 de diciembre contestaron diciendo que el equipo técnico fue “reiteradas veces al domicilio pero no encontraron a la familia”. Fue recién el 15 de diciembre, luego de una serie de reiteración de oficios, cuando desde la SENAF contestaron telefónicamente, a la jueza “que recibieron todas las notificaciones pero el caso estaba en lista de espera”.
El viernes 1 de febrero, Sofía fue hospitalizada en un centro de salud de Villa Regina, y posteriormente fue trasladada a la Clínica Juan XXIII presunto cuadro de peritonitis. Al ingresar al nosocomio los médicos constataron que Sofía tenía “distintas heridas en su cuerpo y lesiones que permitieron concluir que el hombre abusó sexualmente de ella”.
Finalmente señaló que “el día lunes 4 de febrero de 2019, nuestra provincia conmocionada se enteró que Sofía, tras aquella agonía, había fallecido producto de las lesiones infringidas” y que “fue recién después del trágico y evitable fallecimiento de Sofía, la Secretaria Roxana Méndez, resolvió apartar a las otras dos nenas de la pareja”.
“Es por todo lo expuesto y atento a que la SENAF depende directamente del poder Ejecutivo provincial de Río Negro, concurro por la presente a incoar formal denuncia contra Alberto Weretilneck, por presunto incumplimiento de la ley 5238 y artículo 248 del Código Penal Argentino”, concluyó Horne.
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