Otras tres personas fueron detenidas hoy durante los disturbios que se produjeron tras el desalojo del Vicerectorado de la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca, realizado esta madrugada por Gendarmería Nacional, luego de 89 días de ocupación por parte de un grupo de ocho alumnos y dos docentes.

En total, son once las personas privadas de libertad en el marco de este conflicto.

Alrededor de 40 militantes de la CTA, Partido Obrero y miembros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), encabezados por el abogado Fernando Larrubia, intentaron ingresar por la fuerza al edificio del vice rectorado para conocer el estado de ocho estudiantes detenidos en su interior.

Los manifestantes agredieron al personal de seguridad que custodiaba la calle con golpes de puño y patadas hasta que los repelieron con gases, munición antimotín y agua lanzada desde el camión hidrante. Quedaron demorados el abogado Larrubia y otros dos estudiantes.

Militantes de la CTA denunciaron que los jóvenes estaban incomunicados y no podían utilizar sus celulares.

Los estudiantes y el abogado Larrubia fueron llevados alrededor de las 11 hacia los Juzgados Federales de General Roca, donde permanecían a disposición del juez federal Hugo Greca quien entiende en la causa. En los Tribunales Federales también se organizó un dispositivo de seguridad para prevenir altercados.

Agentes de la Gendarmería Nacional desalojaron hoy el vicerectorado, en la ciudad de General Roca, por lo cual quedaron detenidos ocho estudiantes, sin confirmaciòn de que, entre ellos, estén las docentes Virginia y Victoria Naffa, quienes habían impulsado la toma.

En la zona del edificio, se desplegaron unos 50 gendarmes, una tanqueta hidrante, alrededor de 15 vehículos y un dron que monitorea desde el aire el lugar, al que acudieron más de medio centenar de manifestantes, entre militantes y estudiantes a favor y en contra de la toma, que discutieron a los gritos.

Los ocupantes exigían al gobierno de Mauricio Macri mejoras en el presupuesto universitario.

A pesar de las numerosas instancias de diálogo con las autoridades de la institución, los estudiantes y docentes se negaron reiteradamente a desocupar el edificio.

A principios de octubre pasado, el juez Greca procesó a las profesoras Naffa por los delitos de "usurpación y coacción agravada" y la universidad suspendió a 20 alumnos involucrados.

Se calcula que la toma le costó más de un millón de pesos considerando el deterioro del inmueble y los diversos problemas administrativos que se provocaron a lo largo de tres meses, según la estimación oficial.