Privatización de represas en Neuquén y Río Negro: impacto en recursos estratégicos y la participación provincial

El gobierno argentino avanza en la privatización de cuatro represas clave en las provincias de Neuquén y Río Negro: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que juntas suman una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 4.000 MW.

Este proceso, promovido mediante el decreto 895/2024 en el marco de la reducción del Estado, involucra la venta de los paquetes accionarios mayoritarios de estas plantas, que actualmente operan bajo concesiones vencidas.

El proceso de privatización de represas incluye las siguientes etapas:

Durante el período de transición, los concesionarios actuales continuarán operando las plantas. La oferta del paquete accionario mayoritario debe incluir diversos anexos como contratos, inventarios, normas de manejo de aguas y protección ambiental. La secretaría de Energía gestionará las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos para asegurar la continuidad del funcionamiento de las plantas.

Actualmente, el 98% de las acciones están en manos de Enarsa y el 2% en NASA, de forma transitoria, hasta completar la privatización. 

La secretaría de Energía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establecerá las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, según el Decreto 895/2024 y la Ley Bases (Decreto 695/2024). Las empresas o sociedades a privatizar deben presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos, que también será revisado por la Comisión Bicameral del Congreso.

Detalle de las represas y capacidad de generación

1. Alicurá:– Operada por: AES (empresa estadounidense).– Capacidad de generación: 1.050 MW.– Concesión vencida en: 2022.– Situada sobre el río Limay, esta planta hidroeléctrica es una de las principales en el sistema interconectado nacional, contribuyendo con el 11% de la energía hidroeléctrica generada en Argentina.

2. El Chocón (incluye el regulador Arroyito):– Operada por: Enel (empresa italiana).– Capacidad de generación: 1.200 MW.– Concesión vencida en: 2022.– El Chocón es una de las represas más importantes del país. Genera alrededor del 15% de la energía hidroeléctrica de Argentina, y su embalse tiene un papel clave en la regulación de caudales y en el control de inundaciones.

3. Cerros Colorados:– Operada por: Aconcagua (empresa argentina).– Capacidad de generación: 500 MW.– Concesión vencida en: 2021.– Esta represa, sobre el río Neuquén, es fundamental para la regulación hídrica y la generación eléctrica, además de apoyar el riego agrícola en la región.

4. Piedra del Águila:– Operada por: Central Puerto (empresa argentina).– Capacidad de generación: 1.440 MW.– Concesión vencida en: 2023.– Ubicada también sobre el río Limay, es una de las más potentes del sistema, responsable de aproximadamente el 18% de la generación hidroeléctrica nacional.

Falta de participación provincial: un conflicto subyacente

Uno de los puntos más cuestionados en este proceso es la falta de participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, las cuales son dueñas de los recursos hídricos que alimentan estas represas.

La Constitución Nacional establece que las provincias son las titulares de los recursos naturales, lo que debería haber implicado su involucramiento directo en las negociaciones. La omisión de los gobiernos provinciales en un proceso de esta magnitud no solo erosiona la autonomía local, sino que también plantea interrogantes sobre el reparto justo de los beneficios generados por estos activos estratégicos.

Impacto ambiental y disponibilidad de agua

Otro aspecto crucial es el manejo del recurso hídrico y los riesgos ambientales. Las represas, al controlar el caudal de los ríos Limay y Neuquén, tienen un rol clave en la prevención de inundaciones y la provisión de agua para el consumo humano y el riego agrícola. La privatización podría derivar en un uso intensivo de los recursos en favor de la rentabilidad de las empresas, sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales.

En la actualidad, los caudales de los ríos son vitales para tierras agrícolas irrigadas, además de ser una fuente esencial para el abastecimiento de agua potable de varias localidades cercanas.

El manejo de los sedimentos y la calidad del agua son otros puntos críticos, especialmente en el contexto del cambio climático y las fluctuaciones en los niveles de los embalses. Un manejo deficiente por parte de las empresas concesionarias podría causar deterioro en la calidad del agua, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades locales que dependen de estos recursos.

Riesgos económicos y soberanía energética

La venta de estas represas a empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, implica una pérdida de control sobre una parte importante de la infraestructura energética del país. En el pasado, las concesiones privadas no siempre han priorizado las necesidades del desarrollo local o regional.

La privatización podría limitar las capacidades de las provincias de beneficiarse económicamente del recurso, afectando sus ingresos y, en última instancia, el desarrollo económico de la región.

En términos de soberanía energética, la entrega de estas represas a manos privadas aumenta la dependencia del país de actores externos, quienes podrían ajustar la producción de energía en función de sus propios intereses comerciales y no en función de las necesidades del sistema energético nacional. Esto podría afectar tanto la disponibilidad de energía como los precios para los consumidores.

La privatización de las represas en Neuquén y Río Negro representa una encrucijada para el futuro de la gestión de los recursos naturales en Argentina. La falta de consulta a las provincias dueñas de los recursos, los riesgos ambientales asociados y la posible pérdida de soberanía energética son algunos de los temas que deberían abordarse con mayor profundidad antes de avanzar con el proceso.

Las represas, como infraestructura crítica para la generación de energía y la gestión del agua, requieren un enfoque que priorice el bien común por sobre los intereses privados, garantizando un equilibrio entre desarrollo económico, preservación ambiental y sostenibilidad energética a largo plazo.(NA)