Regionales02/06/2024

Avanza el juicio contra ex funcionarios municipales por administración fraudulenta

Con las declaraciones de testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella, se desarrollaron las primeras tres jornadas de debate oral y público en el que se juzga al ex intendente de Cinco Saltos, Germán Epul y el exsecretario de obras públicas Diego Palacios por fraude a la administración pública.

Con las declaraciones de testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella, se desarrollaron las primeras tres jornadas de debate oral y público en el que se juzga al ex intendente de Cinco Saltos, Germán Epul y el exsecretario de obras públicas Diego Palacios por fraude a la administración pública. El juicio continúa el martes.

Durante la primera jornada pasaron por el recinto la ex intendenta municipal Liliana Alvarado, quien fue sucesora de Epul al frente del ejecutivo municipal. Fue denunciante en la causa y explicó como se detectó la maniobra y las disposiciones que se tomaron para iniciar una auditoría interna y externa para deslindaron las responsabilidades.

Esa jornada también declararon el secretario de obras públicas de la gestión de Alvarado y que fue sucesor del otro imputado, Diego Palacios y un empelado administrativo de ese área. La primer audiencia de debate culminó con la declaración del contador del municipio de esa ciudad.

La segunda jornada comenzó con la declaración del dueño de la empresa que ganó el concurso de precios y que debía entregar los adoquines para la realización de la obra. Explicó que su actividad era la de brindar servicios al municipio y no la de proveer materiales, pero que igualmente fue invitado por Palacios a participar de la licitación. Explicó que no tenía los adoquines en stock y que la idea del ex funcionario imputado era adquirir una maquinaria para fabricar adoquines y fabricarlos para evitar el costo de los fletes.

Señaló que parecía un buen negocio porque el costo del flete tiene una relación de 2 a 1 con el de producción: si hacer un ladrillo de adquín cuesta 10 pesos, transportarlo sale 20. Sin embargo, nunca lograron que los adoquines tengan la calidad suficiente para ser usados en obras viales.

Remarcó que su intención siempre fue cumplir con el contrato pero que al no poder realizar dar con la formula para hacer los adoquines consideró ceder la máquina al municipio como retribución. En ese momento, el ex secretario de obras públicas e imputado en la causa le habría mencionado que él se quedaría con la maquinaria y entregaría los adoquines, por lo que retiró la misma de la fábrica que habían instalado. Este contrato arruinó las finanzas de la empresa, puesto que perdió el dinero invertido y las maquinarias.

“Llegué como empresario y emprendedor y me fui como empleado”, sintetizó.

El debate continuó con la incorporación de fotografías de la obra donde se observaba que no estaba terminada y la explicación del gerente del banco Patagonia sucursal Cinco Saltos que ilustró al tribunal sobre el cobro de los cheques y las fechas en las que habían sido librados. Todos los medios de pagos fueron emitidos el 24 de enero – día de adjudicación de la obra – y fueron cobrados entre enero y abril de 2019. La relevancia del dato se centra en que los pagos debían realizarse contra entrega de materiales.

Esa jornada tambien declaró el ex secretario de hacienda municipal y un auditor externo que realizó una investigación sobre el origen, destino de los fondos y la legalidad de los mismos. Finalmente, el viernes fue el turno de declarar de dos abogadas que brindaban asesoramiento jurídico al municipio y empleados de la firma Nalozano, que resultó adjudicada.

El debate continuará con los testigos ofrecidos por la defensa. La oficina judicial fijó la continuidad de la audiencia para el día martes 4 de junio a las 10:30 horas.

Se recuerda que la fiscalía y la querella que representa al Municipio acusan a Epul y Palacios de haber dirigido un concurso de precio para que sea adjudicada en la compra de adoquines la empresa Nalozano. Pese a que abonaron por la totalidad de los materiales en una suma de más de 2 millones 400 mil pesos, los adoquines no fueron entregados. La calificación legal es fraude a la administración pública.

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