Presentaron un hábeas corpus ante el protocolo antipiquete de Bulrich en la justicia de Río Negro
Los legisladores rionegrinos del bloque "Vamos con Todos", integrado por José Luis Berros, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, presentaron un Hábeas Corpus Individual y Colectivo Preventivo en el Juzgado Federal de Viedma contra el protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los parlamentarios peronistas aseguraron que "la Resolución Nº943/2023 representa una amenaza real e inminente a la libertad física y ambulatoria y por consiguiente una amenaza de daño real y cierto a otros derechos y garantías constitucionales".
En ese sentido pidieron que se declare "inconstitucional por violar y lesionar los derechos garantizados" en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley de Inteligencia Nacional, la ley de Ministerios y la ley de Seguridad Interior.
Los legisladores aseguraron que "la resolución de la ministra Bullrich es tan burda, apresurada, improvisada y antijurídica que en aplicación del principio de economía procesal centraremos el análisis y cuestionamiento sólo respecto de algunas normas supralegales, dejando a salvo que se vulneran otras normas constitucionales y leyes reglamentarias".
Para los legisladores la medida "es represiva, autoriza el uso de la fuerza federal otorgándoles facultades extraordinarias, discrecionales, y sin limitaciones, ni orden judicial, para restringir libertades y derechos de las personas, y vulnera la ley de inteligencia nacional al aplicarla contra ciudadanos y ciudadanas".
También expresaron que "trata sin más a la protesta pacífica, como si no fuera un derecho, emparentándola con la protesta violenta".
Según el documento, "este protocolo está cargado de odio, discriminación y prejuicio plasmados en el texto normativo; invade la atribución exclusiva del Poder Judicial de determinar cuándo hay delito y cuándo hay flagrancia, e invade también la atribución del Poder Legislativo de reglamentar de manera razonable el derecho constitucional de petición, reunión y libertad de expresión".
El grupo legislativo expresó también que "en nada se condice con los 40 años de democracia que estamos celebrando".
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