Un inédito fallo de la Justicia Civil condenó al Poder Judicial de Río Negro a pagar un resarcimiento económico de $6.380.000 a la familia de Atahualpa Martínez Vinaya, un joven universitario que fue asesinado el 15 de junio de 2008 en Viedma y cuyo caso aun permanece impune.

"Existió negligencia en el accionar policial y de funcionarios judiciales", dijo el abogado de la familia, Fabio Igoldi, al comentar el fallo.

Además, el letrado explicó que "fue clave el informe de la Comisión Legislativa Investigadora de la causa Atahualpa", creada para analizar el proceso de investigación que se realizó por el asesinato del joven reconocido como indígena Aymará.

En el marco de la demanda contra el Poder Judicial, se presentó como prueba la pericia médica del deterioro de salud que sufrió durante el reclamo de justicia la mamá del joven asesinado, Julieta Vinaya, quien falleció en octubre de 2018 sin saber qué pasó con su hijo.

En ese sentido, Igoldi detalló que "hace dos años la familia de Atahualpa inició una acción civil contra el Poder Judicial por la reparación, daños y perjuicios por impunidad".

"Entendemos que, por negligencia de sus operadores, concretamente la Policía, la estructura del Ministerio Público Fiscal y todo el Poder Judicial, no se pudo averiguar la verdad del hecho, y tampoco quienes son los autores de ese homicidio", indicó.

Al respecto, el abogado explicó: "Tuvimos que iniciar un juicio porque el Estado ante la propuesta nuestra no nos reconoció y finalmente ayer salió la sentencia del juez Julián Fernández Eguía, que aceptó la demanda".

Igoldi dijo que es el único fallo de este tipo en la provincia, porque en general las responsabilidades del Estado están cuando hay un accionar independiente.

"En general del empleado policial que lesiona a alguien de manera dolosa o algún accidente donde participa algún empleado estatal, pero con las responsabilidades del Poder Judicial es mucho más restrictivo", detalló.

Asimismo, el abogado explicó que "cada vez que un juez falla en contra, se nulifica una causa o hay un sobreseimiento de un imputado, ese sólo hecho no ocasiona una responsabilidad del Estado".

Pero en este caso "hay un juicio político a la investigadora Daniela Zágari, donde se la responsabiliza de negligencia", dijo el abogado y aclaró que hay un informe de una comisión legislativa que también especifica responsabilidades en la Policía y el Ministerio Público Fiscal como responsables que "no se hayan encontrado los responsables del hecho".

Igoldi remarcó que "esto no es que el Estado puso todos los elementos a disposición para esclarecer el hecho y la mala fortuna, la dificultad de investigación o porque los autores del hecho son muy buenos no se pudo obtener un resultado".

"Estos organismos dijeron que la responsabilidad de la impunidad fue la negligencia de los operadores del Estado", precisó el letrado.

Y explicó que que para acreditar el daño moral que ocasionó el transitar de estos más de diez años de una familia pidiendo justicia, "hay una pericia médica que determinó que la causa de la muerte de la mamá de Atahualpa, fue en reclamo de Justicia".

"Su enfermedad, su padecimiento y muerte, fue causado directamente por el fatigoso tránsito del proceso penal", aseguró Igoldi.

Finalmente, el abogado precisó que la demanda es inédita en la provincia, aunque hay un único antecedente, que no llegó a juicio que es el caso de Sergio Sorbellini y Raquel Lagunas, ocurrido en 1989 en Río Colorado.

"Esa vez, el Estado reconoció la indemnización por impunidad y hubo un acuerdo con la provincia y una reparación económica", concluyó el abogado.