La Legislatura rionegrina adhirió a la reforma de la ley de ART con modificaciones
La Legislatura votó por mayoría la ley remitida por el Poder Ejecutivo por la que la Provincia adhirió a la norma nacional de Riesgos del Trabajo
La legislatura de Río Negro sancionó hoy la ley que adhiere, con algunas modificaciones, a la reforma de la nacional 27348 de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que fue reclamada por el presidente Mauricio Macri al gobernador Alberto Weretilneck y calificada por legisladores provinciales "como un avance del sistema actual".
De esta manera, Río Negro se convirtió en la cuarta provincia que adhiere a las modificaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo; después de Córdoba y Mendoza. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires había adherido de manera automática.
En el debate rionegrino se hicieron algunas modificaciones al nuevo ordenamiento que fue votado en el Congreso Nacional, incluyendo "la creación de cuatro comisiones de control médico, a las que los trabajadores tendrán la chance de contar con asistencia legal gratuita".
Los legisladores que aprobaron el proyecto destacaron, por ejemplo, que "los trabajadores cobrarán las indemnizaciones en su cuenta sueldo y no a través de un cheque pagado a sus abogados".
Otro aspecto saliente es que "ya no se harán los cálculos de las indemnizaciones sobre el salario básico, sino que se van a contemplar las sumas no remunerativas que pueda percibir el trabajador accidentado".
Además, "el empleado accidentado, según la gravedad del caso, podría gozar de 2 años de salario, el doble del plazo estipulado en la Ley original".
La propuesta de cambio, aprobada por 29 votos a favor y 14 en contra, llegó al recinto precedida de una larga explicación de cuadros técnicos en comisión y una batería de estadísticas, tendiente a demostrar la "alta litigiosidad" que "golpea sobre todo en las Pymes", según señaló el miembro informante del partido gobernante Juntos Somos Río Negro, (JSRN) Adrian Casadei.
"Según estimaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sobre el empresariado de Río Negro pesan demandas en trámites con reclamos por sesenta millones de dólares", indicó y destacó el argumento del presidente Macri: "hay que terminar con la industria del juicio".
"Hoy hay juicios en el país por US$ 5.000 millones, que van a terminar en el sistema judicial y no en el bolsillo de los trabajadores. Por eso, debemos entender que el trabajador y el empresario, en este tema, no son enemigos. Si desparecen las Pymes, desparecen los puestos de trabajo", dijo a su vez el presidente del bloque oficialista Alejandro Palmieri.
Casadei afirmó que "esta ley viene a mejorar sustancialmente el sistema que estaba establecido. Es una ley superadora de la actual".
Casadei enumeró las ventajas de la reforma a la ley de riesgos del trabajo y destacó como una de las grandes modificaciones el patrocinio letrado que, "a partir de ahora, el trabajador va a poder concurrir con su abogado y los honorarios tendrán que ser abonados por las ART".
Agregó que "es un avance muy positivo que a los sesenta días" el trabajador pueda tener un dictamen sobre las consecuencias del accidente sufrido, con la consecuente indemnización prevista efectivizada en tiempo y forma.
A su turno, la legisladora Soraya Yahuar, del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) manifestó: "la norma reformula aspectos centrales de la ley sobre riesgos del trabajo. Sobre todo, la desprotección que sentía el trabajador cuando concurría a una comisión médica".
También se manifestó de manera favorable a la adhesión el representante del bloque Alianza Frente Progresista por la Igualdad y la República (Afpir), Jorge Ocampos.
El legislador Alejandro Ramos Mejía, del Frente para la Victoria, manifestó objeciones con esta adhesión, alegando que "la litigiosidad no se elimina restringiendo el derecho a recurrir a la justicia. La litigiosidad se termina cuando se acaba con la siniestralidad. Y eso se logra implementando programas de prevención en aspectos de seguridad e higiene".
En disidencia con su colega de bloque, el legislador Javier Iud destacó que la adhesión a la ley "significa un ordenamiento del sistema, un intento de resolución de un problema como el de la litigiosidad que, en un futuro, puede ser mayor. Esta ley es una herramienta que mejorará la situación de los trabajadores".
La adhesión a la ley estipula, además, que la provincia de Río Negro y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) celebren convenios de colaboración y coordinación "a los fines de que las comisiones médicas jurisdiccionales, instituidas por el artículo 51 de la Ley nacional Nº 24.241, actúen en el ámbito de la provincia rionegrina como instancia prejurisdiccional".
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