Un habitante de un puesto rural cazaba animales para su subsistencia y este era uno de sus principales medios de vida. Si bien fue imputado por almacenar animales protegidos por la ley y por tenencia de arma de fuego, evitó una condena bajo la promesa de cumplir con una serie de pautas de conducta.

La defensa pública asistió al imputado y solicitó una audiencia para requerir que el hombre pueda acceder a una suspensión de juicio a prueba. Además de señalar que se cumplían los requisitos legales para que pueda obtener el beneficio consideró que se trataba de un caso excepcional y que el imputado cazaba por necesidad.

“Existe una cuestión cultural. Mi asistido ha vivido junto sus padres y anteriormente junto a sus abuelos en el campo. No desconocemos lo que dice la legislación ni las prohibiciones vigentes, pero debemos tener en cuenta que la caza formaba parte del estilo de vida del hombre”, sostuvo el defensor oficial.

Aclaró además que no se trata de caza furtiva para comercializar o enriquecerse y que tampoco era una actividad de entretenimiento como la comúnmente conocida como “caza deportiva”. Remarcó que su representado vivía en situaciones muy precarias, que las armas secuestradas eran de antigua data, que las tenía por seguridad ya que vivía en un lugar despoblado y que se encontraban en un estado de conservación malo.

Ofreció para evitar el juicio cumplir con una serie de pautas de conducta entre las que se encuentran el abandono voluntario de los elementos secuestrados para su decomiso (en el caso de las armas), la realización de un curso de sensibilización sobre el tema, no volver a cometer delitos ni verse involucrado en la caza, comercialización, almacenamiento, industrialización o transporte de productos de caza furtiva o de animales protegidos.

Además cumplirá con cien horas de trabajo comunitario en la delegación municipal de Balsa Las Perlas, lugar donde reside actualmente.

Previo a la audiencia, la fiscalía y la defensoría habían mantenido reuniones  y gestiones con entidades no judiciales de las cuales surgió una propuesta alternativa al juicio pero que permitiera que el hombre pudiera comprender que lo que había hecho estaba ocurrido, sin la necesidad de aplicar una condena en su contra.

En ese sentido, la fiscal a cargo del caso destacó que se trataba de una situación excepcional y consideró que teniendo en cuenta las características de la vida del hombre era posible aplicar el instituto conocido como probation.

“La caza para la supervivencia es una cuestión muy arraigada culturalmente, por eso es de importancia la realización del curso de sensibilización sobre la temática”, expuso.

Aclaró además que existe una instrucción general de la procuración general que desalienta la aplicación de salidas alternativas para este tipo de casos y que por eso se solicitó el dictamen de un fiscal jefe que de el visto bueno para aplicar este beneficio procesal. Cabe señalar que el hombre no contaba con antecedentes penales.

La Jueza de Garantías, teniendo en cuenta la propuesta de las partes y que uno de los principios fundamentales del Código Procesal Penal es solucionar el conflicto primario, hizo lugar y dispuso la suspensión de juicio a prueba y dispuso la realización de las pautas de conducta reseñadas.

El hecho investigado fue advertido en mayo de 2020 en ocasión de la realización de un allanamiento en la vivienda del hombre la cual se ubicaba en la zona rural de Río Negro a unos 22 kilómetros de El Chocón. En esa diligencia se hallaron restos de choiques, guanacos y piches que resultaban productos de la caza furtiva. Además se secuestraron dos armas de fuego y binoculares que serían utilizados para realizar esa actividad.