Un hombre violó la prohibición de acercamiento que se había dispuesto días atrás y que le impedía tomar contacto con su ex pareja. La fiscalía solicitó que permanezca en prisión preventiva durante la investigación y la jueza de garantías hizo lugar.

El hecho investigado sucedió ayer (25/09) alrededor de las ocho de la mañana en la localidad de Sargento Vidal. En esas circunstancias el imputado desobedeciendo la orden judicial que le impedía acercarse a la vivienda de su ex pareja y que se había dispuesto el 15 de septiembre pasado, puesto que se hizo presente en el domicilio de la victima.

En esos momentos la mujer y junto a una amiga en el interior del automóvil propiedad de la víctima, momentos en que el imputado comenzó a golpear el parabrisas con la mano y con una piedra provocando daños.

La calificación legal del caso es daño y desobediencia a una orden judicial.

La fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido en carácter de prisión preventiva. Sostuvo que si bien por el monto de la pena la misma podría ser de cumplimiento efectivo, la última reforma del Código Procesal Penal habilitaba el encarcelamiento del imputado puesto que se trataba de un caso de violencia de género.

Al respecto sostuvo que se había desobedecido una orden dispuesta por una jueza en audiencia, de la cual había sido notificado y que se le había explicado en la audiencia las consecuencias de no acatar la orden.

Señaló además que existía entorpecimiento a la investigación porque la víctima debía prestar declaración en juicio y que era necesario garantizar su tranquilidad espiritual y que las otras medidas de protección no serían suficientes para alcanzar ese fin.

La defensa pública que asistió al imputado se opuso al dictado de la prisión preventiva y también cuestionó la falta de evidencias respecto de un hecho de amenazas que había sido imputado por la fiscalía. Respecto de este último planteo, la jueza de garantías hizo lugar y determinó no tener por formulados los cargos por amenazas.

En cuanto a la prisión preventiva, hizo lugar a la medida requerida por los acusadores. Consideró que en base a los convenios internacionales suscriptos por nuestro país, era necesario garantizar a la víctima una vida libre de violencia y el derecho de transitar el proceso con tranquilidad para prestar su declaración en juicio.