El oficialismo busca avanzar en Diputados con una Ley para combatir prácticas monopólicas

El acuerdo, tiene como dato novedoso la creación de la figura del arrepentido para combatir las prácticas monopólicas de abuso de posición dominante.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que la voluntad es lograr un consenso con parte de la oposición para votar el 22 o el 29 de noviembre esta ley estratégica que busca combatir las prácticas desleales y de carterización que suceden en los sectores más concentrados de la economía, como el de tarjetas o los hipermercados.

La intención es emitir un dictamen este martes -aunque aún no está convocado el plenario de las comisiones- en base a los proyectos del jefe de la bancada radical Mario Negri, de Elisa Carrió y de la massista Graciela Camaño, pese a que esta fuerza también quiere incorporar su propuesta de ley de góndola.

La ley de Defensa de la Competencia fue sancionada en agosto de 1999 en el último tramo del gobierno de Carlos Menem, en respuesta a una exigencia de la reforma constitucional de 1994, pero nunca se conformó el tribunal que debía aplicar y controlar el cumplimiento de esta norma.

En el proyecto redactado por Negri y Carrió, y respaldado por el gobierno nacional, uno de los puntos centrales es la creación de la Agencia Nacional de la Competencia como ente autárquico, dado que en la actualidad existe ese organismo pero depende de la Secretaria de Comercio.

Otro aspecto central y novedoso es la creación de la figura del arrepentido, con el objeto de que una persona pueda denunciar el accionar monopólico, para que se pueda evitar esa 'cartelización' que sucede cuando se acuerdan precios entre dos o varias empresas.

El proyecto de reforma impulsa también el aumento de las multas a las empresas que realizan prácticas de abuso de posición dominante que están muy desactualizadas.

La iniciativa del oficialismo prohíbe "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado", y contempla aplicar sanciones a quienes realicen "dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieren corresponder como consecuencia de los mismos".

Otro punto es que si el monto total de la operación de fusión o concentración supera los 2 mil millones de pesos se deberá notificar previamente a la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual debe autorizar la operación para que esta se pueda realizar.

Además se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del PEN, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el de la Secretaria de Concentraciones Económicas.