Los consensos ciudadanos en derechos sexuales y reproductivos

La polarización aparece como un signo constitutivo de la cultura argentina. A contramano de esa lógica de díadas discordantes, en el campo de la sexualidad y la reproducción emerge, cada vez más, un amplio consenso ciudadano en torno a la reivindicación de los derechos civiles en estas materias.

La historia y el presente nos exhiben numerosos ejemplos de cómo se construyen y se representan los procesos en términos de antinomia. No solo en la arena política (federales vs. unitarios; peronistas vs. antiperonistas), sino también en la economía y en el propio campo de las ideas y proyectos de país (estatización vs. privatización; mercado interno vs. libre comercio; unidad latinoamericana vs. apertura al mundo).

Sin embargo, en materia de sexualidad y reproducción avanza el consenso ciudadano en nuestro país y la región. Así lo demuestra un estudio realizado por IPSOS en 2021 sobre religión, política y sexualidad en seis países de América Latina (entre los que se incluye la Argentina). El relevamiento permite actualizar la información y el análisis acerca de las valoraciones de la población sobre un abanico de cuestiones relacionadas con esos temas.

Se trata de una encuesta regional de carácter representativo que la consultora llevó a cabo a solicitud de la organización Católicas por el Derecho a Decidir y que relevó las opiniones respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo, la educación sexual y las consecuencias de la legalización del aborto, entre otros tópicos. Nos interesa aquí repasar los principales resultados a los fines de comprender las tendencias predominantes en las valoraciones ciudadanas.

En Argentina, más del 70% está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y prácticamente 7 de cada 10 habitantes de nuestro país avalan la adopción de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo.

El consenso sobre la inclusión de la educación sexual en las escuelas es aún mayor: el 90,2% manifestó su aprobación. Si bien es cierto que sectores educativos con diferentes idearios y valores implementan programas de educación sexual en sus escuelas -por lo cual aquel consenso podría no estar reflejando necesariamente la adscripción de la ciudadanía a una agenda de ampliación de derechos-, las preguntas sobre los responsables primarios de la educación sexual y los contenidos a impartir permiten arribar a conclusiones con mayor precisión. Según el estudio, el 72,6% de la sociedad argentina considera que la enseñanza de educación sexual es un derecho que las y los niños tienen y que la escuela debe garantizar. En cambio, el 23,6% sostiene que es una función exclusiva de los padres y las madres. Y apenas para el 2,4%, los niños y niñas no deben recibir educación sexual en las escuelas.

A su vez, para el 92,4%, la educación sexual en las escuelas contribuye a construir una sociedad donde las niñas y las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Un 91,1% considera que favorece la prevención de embarazos y abusos sexuales. En el otro extremo, el 19,5% sostiene que la educación sexual provoca relaciones sexuales antes de lo debido y para el 15,1%, incita a la disolución de la familia. Como podrá observarse, las consecuencias "negativas" que la educación sexual traería aparejadas son sostenidas por un segmento minoritario de la sociedad.

En la misma sintonía, la gran mayoría (97,6%) aprueba que en la escuela secundaria o media se brinde información sobre métodos anticonceptivos como preservativos y pastillas. De igual modo, es muy significativo el consentimiento (85,9%) para que se enseñe que todas las personas tienen derecho a vivir libremente su sexualidad, sin importar su orientación sexual. Y el 75,9% rechaza que se aborde a la homosexualidad como una enfermedad.

Aprobada la Ley 27.610 sobre interrupción voluntaria del embarazo en 2020, la investigación indagó acerca de las percepciones en torno a las consecuencias que traerá aparejada la legalización del aborto. Alrededor de 7 de cada 10 habitantes de Argentina señalan que se "respetará los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo" y que "morirán menos mujeres por abortos clandestinos".

El relevamiento exploró también sobre una problemática habitual en la agenda del aborto como es la objeción de conciencia. Para ello, consultó sobre la actitud que debería tomar la o el médico creyente ante la situación de una mujer que requiere un aborto porque su vida corre peligro. Más de la mitad (el 54,4%) considera que el/la profesional de la salud puede negarse a practicar el aborto, pero debe derivar a la paciente a otro/a profesional que sí esté dispuesto a realizar el procedimiento. 30% afirma que debe realizar el aborto a pesar de sus creencias religiosas y sólo el 14,5% sostiene que el médico tiene derecho a negarse a realizar la interrupción.

Este conjunto de datos habla a las claras del amplio consenso que prevalece en la sociedad argentina a la hora de promover políticas públicas que contribuyan a ampliar los derechos sexuales y reproductivos, en consonancia con los procesos de secularización moral y autonomía de las personas en la definición de sus elecciones y destinos de vida.

Por Juan Marco Vaggione, Juan Cruz Esquivel, Lila Aizenberg, integrantes del Equipo consultor Encuesta Regional de Opinión Pública sobre religión, política y sexualidad realizada en Argentina en 2021.