Dos directores del Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) fueron imputados por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo" en la causa que investiga la explosión ocurrida el 29 de junio de 2021 en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, que provocó la muerte de tres personas, se informó oficialmente.

Se trata de Fabio Antonio Luna, director de Escuelas Rurales, y Patricia Delia Cressatti, directora de Nivel Primario, que fueron acusados por las fiscales Sandra González Taboada y Gabriela Macaya durante una audiencia realizada hoy en los tribunales de Cutral Có, presidida por la jueza Laura Barbé.

En la explosión de la escuela, registrada el año pasado, murieron la docente Mónica Jara, el gasista matriculado Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.

Por ese hecho, los funcionarios de la cartera educativa neuquina fueron imputados por los delitos “incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo (en perjuicio de Mónica Jara), en concurso ideal y en carácter de autor (artículos 248, 84, 54 y 45 del Código Penal)”.

En su informe sobre el día de la explosión, el Ministerio Público Fiscal recordó que aquel 29 de junio el gasista y su ayudante (que además era su sobrino) realizaban tareas vinculadas a la instalación de gas y la verificación del funcionamiento de calefactores en el establecimiento educativo y que alrededor de las 13.50 ambos se dirigieron, junto a la docente Mónica Jara, a un ambiente destinado al albergue de niñas, donde "en forma inmediata a sus ingresos, se produjo una deflagración y posterior incendio que provocó la muerte inmediata de Francés y Spinedi”.

La Fiscalía remarcó que la docente logró salir por una ventana y fue trasladada hacia la ciudad de Mendoza, pero falleció el 12 de julio.

Los funcionarios de la cartera educativa fueron acusados de “no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural N°144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021”.

La fiscal González Taboada aseguró que “esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a clases presenciales” y también les atribuyó “una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio”.

Las querellas particulares, en representación de las víctimas, adhirieron a la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal, en tanto la defensa de los funcionarios rechazó las imputaciones.

La jueza Laura Barbé informó que el viernes próximo dará a conocer su decisión respecto de la situación judicial de los involucrados.

En abril pasado, se había realizado la primera audiencia de formulación de cargos contra otros cinco funcionarios del gobierno de Neuquén y tres integrantes de la empresa Arte SRL a cargo de la obra.

Quienes fueron acusados entonces son Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas: Raúl Capdevila, director provincial de Obras Públicas; Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas; y Sergio Percat, inspector de Obras Públicas.

También el coordinador de Infraestructura de la cartera educativa, Gabriel Potás, y el socio gerente de la empresa constructora Arte S.R.L, Héctor Villanueva, el arquitecto Diego Bulgheroni -representante técnico de la compañía- y el maestro mayor de obra Eduardo Afione.