Impulsado por la Gobernadora, Arabela Carreras, ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que propone establecer un régimen jurídico especial para la escrituración gratuita de las viviendas construidas o financiadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). El beneficio incluiría a las unidades que pertenezcan a conjuntos habitacionales o que se encuentren sometidas al régimen de propiedad horizontal.

En Río Negro hay un alto índice de viviendas construidas o financiadas por IPPV que se hallan en situación dominial irregular por diferentes circunstancias, lo que termina por afectar la calidad de vida de sus habitantes. La misma situación se vislumbra en otras provincias.

Esta situación obstaculiza la realización de mejoras, dificulta su transmisión, afecta la integración en la sociedad y su fortalecimiento como personas dignas e independientes.

El principal motivo que genera esta irregularidad es la imposibilidad de muchas familias de afrontar los incrementos en el plan de amortización de acuerdo a los valores que actualiza el Gobierno de la Nación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Es decir, en los últimos años se ha notado que las familias a las que el Estado pretendía beneficiar asignándoles una casa, terminan viendo afectado gravemente su patrimonio al tener que afrontar el pago de una vivienda social a precio del mercado inmobiliario.

Como casos generales y frecuentes, se destacan también situaciones en las que las personas beneficiarias realizan permutas de viviendas, resultando necesario realizar una readjudicación con gastos onerosos para los nuevos beneficiarios.

De modo similar, se visualiza también la existencia de viviendas no canceladas y ocupadas desde hace más de veinte años, que no han adherido oportunamente al régimen de amortización. A estas situaciones se añaden las relativas a las adjudicaciones colectivas, cuya escrituración resulta mucho más costosa.

Con esta medida, el Gobierno Provincial busca cumplir efectivamente con una política pública que haga realidad y formalice el derecho constitucional de propiedad, brindando seguridad jurídica a las familias, colaborando con la integridad social y fomentando espacios de inclusión.