El cipoleño Eduardo Paris víctima de secuestro y torturas declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén

Eduardo París, un trabajador bancario secuestrado en su oficina de una entidad financiera de la ciudad de Neuquén y llevado en un vuelo clandestino al Centro de Detención “La Escuelita” en Bahía Blanca, durante la última dictadura cívico militar, declaró hoy en el séptimo juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Neuquén.

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén (TOF) reanudó esta mañana este juicio que se inició en el mes de diciembre del año pasado, y en el que se encuentran acusadas 15 personas pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, por crímenes cometidos contra 20 víctimas, 9 de las cuales permanecen desaparecidas.

Durante la audiencia, el juez Alejandro Cabral, tras constatar que no habían cuestiones preliminares por parte de la Unidad de Fiscales de Lesa Humanidad, las querellas (APDH y Ceprodh) y las defensas, se dirigió a los imputados para preguntarles si deseaban prestar declaración en ese momento, a lo cual todos respondieron negativamente.

París, quien brindó un extenso testimonio con detalles del secuestro y las torturas vividas en el año 1976, es oriundo de Cipolletti y ex militante del Partido Intransigente.

La víctima contó que el 9 de junio de dicho año se encontraba en su oficina del Banco de “Los Andes”, ubicado en el centro de la capital neuquina, cuando fue secuestrado por tres personas y fue llevado en avión al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, que funcionó en un predio del V Cuerpo del Ejército, con sede en Bahía Blanca.

Durante su declaración, París identificó a los imputados Gerónimo Enerio Huircaín y Jorge Alberto Soza como dos de sus secuestradores.

Además, contó que durante su detención fue víctima de golpes, amenazas, simulacros de fusilamiento y debió soportar la aplicación de la picana eléctrica.

“La picana me la aplicaron en la mandíbula y en el brazo derecho. Sentía como un resplandor y escuchaba una persona gritando, que cuando te dabas cuenta la persona que gritaba eras vos mismo”, manifestó durante su declaración.

El trabajador bancario fue liberado diez días después junto a Nora Rivera y Darío Altomaro, sin embargo, el hombre aseguró que tanto él como su familia siguieron siendo amedrentados y perseguidos por Huircaín.

Antes, y de forma forma presencial, declaró Raúl Horacio París, quien relató cuándo y cómo se enteró que habían secuestrado a su hermano, Eduardo, y detalló los lugares a los que recurrió para hallarlo y cómo fue el momento en que se reencontró con su familiar, tras recibir una llamada de una comisaría de la localidad rionegrina de Cipolletti, en la que le indicaron que lo fuera a buscar a Médanos, provincia de Buenos Aires.

Al finalizar la declaración de Eduardo París, el juez Cabral determinó que la próxima audiencia se realizará el miércoles 17 de febrero a las 9, en la que se espera la declaración de cuatro testigos.

Durante las audiencias realizadas en el mes de diciembre del año pasado, el fiscal José Nebbia trazó una vinculación directa entre el V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca y la subordinación de las unidades militares de la subzona 52 de Río Negro y Neuquén para explicar cómo se desarrolló el plan criminal en esta región del país.

Nebbia explicó la existencia de "vuelos clandestinos" que en junio de 1976 trasladaron a personas secuestradas por grupos de tareas en la región desde el Aeropuerto de Neuquén a Bahía Blanca.

El fiscal detalló cuatro características del séptimo juicio que se celebra en Neuquén por delitos de lesa humanidad: la relación con Bahía Blanca, la acusación por homicidio de quienes son juzgados; la imputación a "un aviador" acusado del traslado de los detenidos y la investigación de la "violencia sexual" como delito autónomo, separado del de tormentos.

Las víctimas que continúan desaparecidas son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos requirió que los imputados sean juzgados por el delito de "genocidio", sobre la base de la Convención Internacional sobre Genocidio a la que la Argentina adhirió oportunamente.

Están imputados en este proceso Juan José Capella, Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.