Formularon cargos a ex empleada del Poder Judicial de Cipolletti por fraude en perjuicio del Estado

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos este jueves a una mujer acusada de utilizar licencias laborales para ausentarse y ocupar diversos cargos remunerados en organismos públicos y privados, mientras se desempañaba como empleada de una Defensoría cipoleña. Tal situación se extendió entre junio de 2022 y enero de 2025.

La acusación, formalizada en una audiencia virtual, destacó que la imputada cumplía funciones en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa y durante el período mencionado, también figuró como empleada de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Obra Social de Petroleros Privados.

El Fiscal interviniente dijo, en el marco de la descripción del hecho, que la imputada “se valió de diversas licencias para ausentarse de su puesto laboral, con intenciones de defraudar a la Administración Pública”. Así, siendo empleada y percibiendo el salario del Poder Judicial, “fue designada como empleada de la Municipalidad de San Martin de los Andes entre Junio y Octubre de 2022; y desde ese mes hasta agosto de 2024, en la Obra Social de Petroleros Privados, percibiendo durante éstos lapsos remuneraciones simultáneas”.

“Todo ello a sabiendas de que le estaba vedada la posibilidad de ejercer cualquier otro cargo que que no sea dentro del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro”.

Para sostener la acusación por el delito de fraude contra la Administración Pública la Fiscalía mencionó la primera investigación iniciada al advertir la maniobra en la sede administrativa de la Procuración General, en la ciudad de Viedma. A ello sumó documentación emitida por diferentes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ANSES, el sindicato de trabajadores del petróleo, la Municipalidad de San Martín de los Andes y diversas áreas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

También se incorporó una resolución del Superior Tribunal de Justicia del 12 de febrero pasado, en la que se dispuso la cesantía de la trabajadora involucrada. De esta forma el legajo penal implica una instancia diferente a la resolución administrativa del caso.

Si bien los abogados defensores de la mujer no se opusieron a la Formulación de cargos sí adelantaron diferencias en cuanto a la teoría del caso. Seguidamente el Juez de Garantía tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.

Pedidos de la defensa

Los abogados que asistieron legalmente a la imputada pidieron al iniciar la audiencia que la misma sea reservada. La Fiscalía sostuvo la necesidad de garantizar la publicidad del proceso pero acordó con la restricción de datos personales e imágenes de la mujer en esta incipiente etapa de la investigación. En relación a ello, el juez enfatizó en que el principio general es la publicidad de las actuaciones, pero resolvió resguardar datos personales de la persona imputada.

Asimismo, haciendo alusión a la posibilidad que brindan las audiencias multipropósitos, pidieron reconvertir la audiencia para plantear una suspensión de juicio a prueba. Ante ello la fiscalía manifestó que requiere para poder analizar esto, de la opinión de la víctima, en este caso constituida por la Administración Pública provincial. En este sentido se dispuso la convocatoria al organismo de contralor que el Poder Ejecutivo determine para poder convocar a una nueva instancia en la que pueda discutirse esta pretensión.