Desde el inicio de la gestión, el gobierno municipal intentó llegar a un acuerdo con la familia Apablaza (propietaria del predio) y de hecho mantuvo varios encuentros presenciales y a través de una plataforma digital para tratar de llegar a un entendimiento. 

Pese a la buena predisposición al diálogo y a las diferentes propuestas que se fueron presentando desde el municipio, no fue posible alcanzar un acuerdo. La intransigencia de la familia y de su representante legal llevaron la gestión a un callejón sin salida.

El gobierno municipal entiende que las pretensiones económicas de la familia Apablaza son excesivas, por lo cual se ve obligado a iniciar el proceso expropietario y a consignar judicialmente lo que considera una indemnización justa e integral.

De acuerdo a lo normado en la Ley Provincial de Expropiación, corresponde abonar el valor fiscal fijado por la Agencia de Recaudación Tributaria. Esto significa un monto de 2.437.635 pesos.

Se aclaró que no se toma el valor "mejoras" ya que estas no existían antes de la toma.

El gobierno municipal entiende que llegado a este punto, con el grado de consolidación del asentamiento y el tiempo transcurrido, resulta imprescindible que el Estado Municipal adquiera el terreno. El objetivo es constituir un loteo social, realizar las obras de infraestructura y luego vender esos lotes a sus ocupantes a precios accesibles y en cuotas.